Pasarelas de pago: Anotaciones al régimen de transición Decreto 1692 de 2020
Hablando de temas “fintech” y revisando la implementación del Decreto 1692 de 2020 en aquellas empresas cuyo objeto social corresponde al de las conocidas “pasarelas de pago”, podemos ver que por disposición del Decreto 1692 de Diciembre de 2020, el agregador, es definido como “el proveedor de servicios de pago de un adquirente” y puede ejecutar, por delegación de éste último o por delegación de una entidad emisora, las funciones que corresponden a (1.1.) vincular los comercios al sistema de pago de bajo valor; (1.2.) suministrar al comercio tecnologías de acceso que permitan el uso de instrumentos de pago o; (1.3.) procesar y tramitar órdenes de pago o transferencia de fondos iniciadas a través de las tecnologías de acceso. Básicamente y como se puede leer directamente en el artículo 2.17.1.1.1 del Decreto, funciones subcontratadas de tipo tecnológico.
Pero también podemos ver que, en todos aquellos casos en los cuales el servicio que preste el agregador corresponda a las actividades mencionadas en el numeral (1.4.) del artículo anteriormente citado, esto es: abonar al comercio los recursos de las ventas realizadas a través de las tecnologías de acceso a él suministradas, gestionar los ajustes a los que haya lugar derivados de un proceso de controversias, devoluciones, reclamaciones o contracargos y notificar al usuario la confirmación o rechazo de la orden de pago o transferencia, su actividad ya no será entendida como mera actividad de proveedor de servicios de pago, sino como actividad de “Adquirencia” propiamente dicha, acorde con las definiciones establecidas en el Decreto.
Al ser encuadrada de esta manera la actividad ejercida por el agregador, a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1692 de 2020, el agregador deberá encontrarse registrado, en el caso de entidades no vigiladas, en el registro de adquirentes no vigilados de la Superintendencia Financiera y deberá cumplir además, con la totalidad de los requisitos mencionados en el artículo 2.17.3.1.2 entre las cuales se encuentra, la organización de la sociedad comercial bajo el tipo de sociedad anónima y un capital suscrito y pagado igual o superior a mil setecientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.700), requisitos que se revisarán junto con otros, dice la norma, para evaluar la solvencia de la persona jurídica y hacerla parte del registro de adquirentes no vigilados “de forma previa a que el adquirente sea aceptado como participante al primer sistema de pago de bajo valor donde pretenda desarrollar sus actividades”.
Teniendo en cuenta que todo aquel agregador que ejercía actividades comerciales antes de la expedición del Decreto 1692 de 2020 ya había dado cumplimiento a la normativa de la Circular 08 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia y, como consecuencia, ya era participante del sistema de pago de bajo valor, surgió la duda de si en efecto, para seguir ejerciendo actividades, con la entrada en vigencia del Decreto debía darse cumplimiento a todos los numerales del artículo 2.17.3.1.2, en el período de transición establecido; básicamente importaba saber si se debía cambiar la naturaleza de las sociedades y si se debía hacer un ajuste a capital social teniendo en cuenta que se trata de sociedades que ya operan la actividad de agregadores y cuya solvencia no esta en duda ante las autoridades.
Elevamos la consulta ante la autoridad -SFC- y la respuesta a nuestra duda llegó mediante radicación No. 2021062514-006-000 del 02 de julio de 2021 en la que se lee:
“las personas que a la entrada en vigencia del Decreto 1692 de 2020 se encuentren desarrollando actividades en él reguladas deben ajustarse a los lineamientos allí previstos en el régimen de transición arriba mencionado…”.
“En ese orden y bajo el entendido de que su consulta hace referencia a entidades no vigiladas por esta Superintendencia, le comunicamos que estas deben adelantar el proceso de autorización para la inscripción en el Registro de Adquirentes No Vigilados ante este Organismo de Supervisión, previo cumplimiento de los requisitos de carácter general previstos en el artículo 2.17.3.1.2., entre ellas, su organización bajo el tipo de sociedad anónima y con un capital suscrito y pagado igual o superior a mil setecientos (1.700) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
La respuesta anterior resulta desde mi punto de vista contradictoria con la justificación que el mismo Ministerio de Hacienda redacta para dar soporte a su decisión de no acoger algunas de las recomendaciones hechas por la Superintendencia Industria y Comercio en el concepto previo que brindó esta última entidad en ejercicio de su función de abogacía de la competencia.
En efecto, en una de las recomendaciones, la SIC deja ver que los requisitos de solvencia del Decreto pueden estar siendo restrictivos de la entrada de nuevos actores en el mercado y en otra, habla de la claridad de los requisitos en etapas de transición de la entrada en vigencia del Decreto.
A la postre resulta que la SIC tenía razón en la visualización de estos riesgos. El Ministerio de Hacienda afirma en su motivación que no acoge la recomendación de la SIC por que la actividad de adquirencia nunca ha sido ejercida por un NO vigilado, que no existe un cierre del mercado, sino que por el contrario, se está dejando entrar actores no vigilados a un mercado ya regulado.
Pero se le olvida al mismo Ministerio que en el documento técnico que respalda el decreto, la URF explicó que las actividades de adquirencia habían sido restringidas “por error” a una simple actividad que nunca se acompaso con la realidad del sistema de pagos y que, precisamente, la idea de esta nueva reglamentación era retomar el concepto de adquirencia tomando en cuenta actores que no hacen parte del sistema de pagos de bajo valor y que juegan un papel muy importante en la función de integrar directamente al comercio, haciendo referencia a las pasarelas de pago.
Así, acorde con el estudio de base, el régimen de transición establecido en el artículo 3 del Decreto 1692 de 2020 debió tener en cuenta las empresas agregadoras ya operativas al momento de su entrada en vigencia, que si no eran todas, por lo menos eran la mayoría en el mercado y debió permitir que siguieran ejerciendo su actividad con el mercado y los clientes que ya habían creado, pero ahora les exige mil setecientos millones de pesos de capital, aunque han demostrado ser solventes para la actividad que ejercen. La que no tenga el dinero para el próximo diciembre y la que no quiera tener más socios bajo el régimen de sociedad anónima, debe cederle el mercado a los grandes, a pesar de haber invertido capital en el cumplimiento de todos los requisitos de la Circular 08 de 2018, que no son pocos y en materia de seguridad informática, tampoco fáciles y baratos de mantener.
Creo que esto deja un muy mal mensaje en materia normativa, esta bien que se regule a favor de la seguridad, pero no esta bien que se excluya a quien ya ha demostrado poder ejercer responsable y legalmente la actividad (por que recordemos que no había norma que prohibiera estas empresas en el mercado) y que se les excluya en plena pandemia exigiéndoles ajustar su capital con una inversión de este tipo y exigiéndole, además, la inclusión de nuevos socios. De frente se está prefiriendo a los grandes de este mercado y se está dejando atrás a la pequeña y mediana empresa colombiana. Debería moderarse este régimen de transición.
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Por: Natalia Ospina, nataliaospina@abogadotic.co
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Plataformas de crédito en línea: Aumento de la cuota de mercado y sus retos
El recrudecimiento de las condiciones económicas durante la pandemia ha traído consigo el aumento de la oferta de alternativas de crédito a personas que han tenido dificultades con el sistema financiero, a personas que no han conseguido bancarizarse y a personas que aún lidian con la digitalización de este tipo de servicio en áreas tradicionales.
Según los datos publicados en la última edición del Finnovista Fintech Radar, en el último año la oferta en el segmento de préstamos abarcó el 25% del sector fintech en Colombia con un total de 28 startups, lo que significó un crecimiento y una nueva categorización de este segmento; sin embargo, a pesar de este notorio crecimiento, el mismo informe citado da cuenta de una tasa de mortalidad de este tipo de emprendimientos que ronda el 14% anual. Como podemos ver, los riesgos asechan.
El nacimiento continuo de este tipo de plataformas en el mercado colombiano impone el reto de la calidad, de los valores agregados y la competitividad en los precios de los servicios y así como en los demás negocios basados en la tecnología, en este tipo de negocio hay normas por cumplir y puntos que no deben descuidarse so pena de sanciones cuantiosas.
En efecto, se trata del negocio tradicional de préstamo llevado a la digitalización a través de las plataformas tecnológicas, por lo cual no debe perderse de vista que el préstamo debe cumplir con toda la normatividad que trae consigo la ejecución de contratos de mutuo, incluida la procedencia legal del capital, que se trate de capital propio, el establecimiento de una tasa de interés dentro de los límites legales, la clara definición de los rubros a cobrar por servicios que se prestarán de forma adicional en la plataforma tecnológica y darle correcto manejo a la documentación y a las garantías, de tal manera que no se ponga en riesgo el cobro efectivo de la cartera en el momento en el que ésta alcance calificación de morosa.
Las anteriores son condiciones que podríamos incluir en el paquete de retos clásicos, o condiciones “clásicas” por evaluar, propias de un negocio de préstamos. Pero el hecho de que estos pasos se materialicen “online” y que el negocio se ponga al servicio inmediato del consumidor ciertamente le da otra connotación, no le cambia su naturaleza jurídica, pero le suma desafíos que a su vez deben soportarse en un correcto y lícito proceder.
En efecto, la competencia ya no se centra en el ofrecimiento del servicio por canales digitales, ya que esto se da por sentado por parte del nuevo consumidor. Hoy en día los factores determinantes para el éxito del negocio están en la rapidez con la que se obtiene el crédito, en la implementación de una variedad de canales digitales para el pago y en el ofrecimiento de una experiencia 100% digitalizada, sin suscripción, escaneo, envío de documentos, correos de notificación, etc. que ya están mandados a recoger en esta área.
Es precisamente allí, en la agilización de los procesos, donde el manejo de los elementos jurídicos entran a jugar un papel fundamental y dinamizador: conocimiento y aceptación de condiciones, tratamiento de datos personales, registros de usuario, suscripción o no de contrato, constitución de garantías e información sobre el crédito, todas cuestiones legales, son las que hacen que se logre o no el objetivo de prestar de manera rápida, segura y con calidad el servicio.
Pero también estas necesidades de digitalización representan costos adicionales y esto enfrenta el negocio a las consecuencias negativas del exceso de oferta en donde siempre habrá precios más bajos por mejores servicios, es decir, la competencia esta poniendo al servicio del consumidor, pagaré desmaterializado, firmas electrónicas para todas las etapas del préstamo y múltiples canales de pago, lo cual, en la mayoría de las ocasiones requiere servicios de terceros especializados.
Grandes competidores posicionados en el mercado ofertan experiencias 100% digitalizadas y muy rápidas, pero no solo eso, además experiencias seguras y es allí cuando los emprendedores se enfrentan a la realidad de los costos fijos y la mayoría de las veces, escogen una solución equivocada ya que deciden cargar los rubros de “servicios adicionales”, “servicios de plataforma”, “servicios de administración” sin hacer un estudio a profundidad del cobro en cuestión y sin tener en cuenta que dichos servicios, para poder ser cobrados, no se pueden relacionar directamente con las actividades relativas a la concesión o administración del crédito, ya que por aplicación de la normatividad contenida en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, en estas condiciones descritas, dichas sumas reputarían interés pudiendo llevar la deuda a la tasa de usura poniendo en riesgo el negocio y su permanencia en el mercado.
Los retos benefician la industria fintech, el gran ganador es el consumidor, pero quien asume el mayor compromiso es el emprendedor ya que en sus hombros esta actuar con responsabilidad y legalidad sin perder competitividad.
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Activos empresariales que no deben descuidar las empresas de tecnología
Hemos visto varios emprendimientos y empresas de base tecnológica ya consolidadas fracasar en su intento de crecer, fracasar cuando van a hacer efectivo el recaudo de capital en rondas de inversión y cerrar sus puertas a costa de un despreocupado manejo de sus activos, por descuido de sus socios y por desconocimiento de las normas legales que establecen las reglas básicas de administración de los mismos.
Es importante desde la gerencia y desde la administración de la empresa saber qué debemos proteger, cuándo y cómo lo debemos proteger, procurando la oportuna apropiación de conocimiento sobre acciones, consecuencias y riesgos que permitan una visión de conjunto que, con el despliegue de las acciones apropiadas, le den valor agregado a nuestra empresa y eventualmente, seguridad y confianza a los inversionistas.
Estos son algunos de los activos empresariales que las empresas de base tecnológica no pueden perder de vista:
El software propio
Modelos de negocio en los que la empresa ha desarrollado su propio software y se dedica al licenciamiento del mismo bajo diferentes esquemas de comercialización. Aquí tenemos varios frentes a proteger: En primer lugar, el software de base. Debemos verificar que el software que estamos licenciando a nuestros clientes se encuentre registrado como propiedad de la empresa; en caso de que se encuentre registrado a nombre de alguno de los socios, es pertinente proceder con la negociación para que los derechos sobre esta propiedad intelectual sean cedidos a la empresa y ésta adquiera propiedad y administración sobre ellos, dejar el software en cabeza de uno de los socios solo significa que dicho socio continua siendo el titular único del activo y puede disponer de él.
En segundo lugar, las actualizaciones, integraciones, ajustes, desarrollos adicionales que se hacen sobre el software de base. En este escenario, debemos tener en la mira los contratos suscritos con los ingenieros de desarrollo y la cesión de los derechos que estos ingenieros hacen hacia la empresa, ya sea que ésta actúe en calidad de empleadora o en calidad de contratante si se utilizan contratos de prestación de servicios, operan en este escenario cláusulas de protección de propiedad intelectual, así como cláusulas de cesión de derechos y contratos de cesión de derechos patrimoniales.
La marca de la empresa y los productos
Toda propiedad industrial – marcas- para ser protegida frente a terceros debe encontrarse registrada. En Colombia, el registro de marca se surte por trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que, previa revisión de las marcas existentes y ya protegidas en nuestro territorio revisa la viabilidad de la marca en el mercado y mediante resolución reconoce su uso al peticionario por un término inicial de 10 años.
Tanto la marca con la que damos a conocer nuestra empresa, como la marca con la que presentamos a los clientes nuestros productos en el mercado para estar protegidas, requieren estar registradas a nombre de nuestra empresa ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Sucede lo mismo aquí que lo comentado el título anterior, la marca o marcas deben encontrarse registradas a nombre de la empresa y no a nombre individual de alguno de los socios, en caso de que esto último sea lo que suceda, se recomienda proceder con la cesión del socio hacia la empresa para que esta última pueda apropiar el activo sin tener riesgos latentes. Recordemos en este caso que los nombres de dominio pueden ser reclamados por el titular de la marca y no queremos perder tiempo haciendo un trabajo de SEO y posicionamiento de página en internet cuando ni siquiera la marca pertenece a la empresa, y un tercero puede eventualmente reclamar el uso del dominio que tenemos en internet.
El ‘Know How’
Se considera el ‘Know How’ como un activo intangible de las empresas, se refiere a aquella forma única en la que nuestra empresa tiene organizados los procesos, establecidos los procedimientos para producción de productos o prestación de servicios.
Este tipo de activo se protege mediante el régimen legal del secreto empresarial, pero para que pueda existir la protección de parte de las autoridades competentes, debe comprobarse que el empresario ha desplegado medidas efectivas para la protección de la información que hagan cierta y tangible su confidencialidad; así, las políticas robustas de confidencialidad son el instrumento que nos permite proteger todo aquello que la ley no considera registrable o patentable, pero que por la importancia estratégica para la empresa se considera información de especial protección.
Ojo, no se trata de un acuerdo de confidencialidad en sí mismo, se trata de medidas técnicas, administrativas y legales que en su conjunto permitan la protección de nuestra información.
Existen en el ámbito empresarial muchos otros frentes que proteger; sin embargo, para evitar consecuencias no deseadas en los primeros años de crecimiento y posicionamiento empresarial, recomendamos a nuestros clientes tener en cuenta estos tres puntos principales.
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La intermediación, ¿el santo grial de la innovación?
Artículo original publicado en ámbitojurídico
El desarrollo de plataformas tecnológicas (aplicaciones y plataformas web) con el propósito principal de intermediar entre la demanda y la oferta en un mercado específico se ha convertido en una aspiración común del emprendedor, pero, al parecer, en este mismo medio del emprendimiento, se está presentando un malentendido con el concepto de innovación y disrupción aplicado a este tipo de plataformas.
Y es que claramente algunos emprendedores (la mayoría de las veces, los más inexpertos) expresan la intención de concentrar sus esfuerzos en la búsqueda del mercado exacto en el que se tenga un ecosistema “supuestamente inexplorado” o “apto” para promover el uso de las plataformas de intermediación, sin darse cuenta de que se trata de mercados ya regulados o, conociendo de la existencia de la regulación, su único propósito es la expresión de inconformismo con las normas ya desarrolladas en la materia, en supuesta representación de la innovación. Esto, claramente, no es innovación.
Normas existentes
Desde ese punto de vista y en este escenario, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que existen materias en las que la intermediación entre la oferta y la demanda ya está regulada, siendo este el primer deber del emprendedor: explorar las condiciones legales del mercado en el que va a desarrollar actividades como parte estructural de su plan de negocio.
Hay normas jurídicas que reglamentan el acercamiento entre la oferta y la demanda en varios mercados e, incluso, tales disposiciones ya regulan supuestos en los que las plataformas tecnológicas son el vehículo para dicha intermediación. Se trata de normas vigentes que deben ser acatadas por toda persona natural o jurídica que ejerza una actividad comercial en Colombia.
Estas materias que se presentan a continuación a titulo enunciativo (hay más) cuentan con reglas claras, actualizadas o no, que deben ser puestas en práctica en los modelos de negocio cuya idea de base parta de un acercamiento intermediado por plataformas tecnológicas.
La evaluación de estos escenarios debe partir del entendimiento de que la plataforma tecnológica, unitariamente considerada, es la herramienta para ejecutar los modelos de negocio, es decir, desde lo jurídico, las plataformas tecnológicas son independientes al modelo de negocio y son estos últimos los que son objeto de regulación en las normas. Así, las plataformas en su composición técnica no están llamadas a esta discusión.
Desde esta óptica, se llama la atención a los emprendedores para que, con plataforma tecnológica o no, estudien las normas jurídicas que rigen la intermediación en el modelo de negocio que sirve de base a su idea, para que la puesta en marcha en el mercado de esa idea no resulte sustentada en un plan de negocio poco sólido y sin soporte verdaderamente innovador y, en últimas, sin valor agregado tanto negocial como financieramente hablando. Miremos, entonces, algunos ejemplos en los que la intermediación ya ha sido tratada.
Las plataformas tecnológicas de servicios financieros “fintech”
Las fintech son compañías que buscan prestar o facilitar la prestación de servicios financieros y sustentan su negocio en esquemas y procesos tecnológicos; en estos modelos de negocio, la intermediación está ampliamente regulada bajo esquemas regulatorios bastante sólidos.
Los modelos de negocio basados en tecnologías financieras se sustentan en las normas de la misma materia, según las cuales, las actividades de intermediación, de administración y de captación de recursos del público requieren autorización previa por parte de la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) para que puedan operar. Determinar la naturaleza jurídica del modelo de negocio que se va a poner en marca, identificándolo como simple proveedor tecnológico o como proveedor de servicios, marca las obligaciones a las que estará sometido.
Bajo esta perspectiva, cobra importancia la evaluación de la forma en la que opera técnicamente la plataforma y los servicios que se ofrecen en el esquema negocial, ya que el acercamiento entre la oferta y la demanda sin previa autorización de la Superfinanciera puede traer consecuencias que, en el peor de los casos, son materia de tratamiento del derecho penal.
Las plataformas tecnológicas de talento humano
La intermediación es un tema clásico de estudio del derecho laboral. En este asunto, la protección de los derechos del trabajador ha hecho que se traten normativamente y, con profundidad, las figuras de tercerización, intermediación en servicios temporales y, lo más reciente, la normativa sobre las agencias de gestión y colocación de empleo.
Hay que recordar que las agencias de gestión y colocación de empleo están definidas en la ley colombiana como aquella idea de negocio que se sustenta en el propósito de acercar la oferta y la demanda en el empleo, prestar servicios relacionados con la búsqueda de empleo y, también, prestar aquellos servicios asociados al mejoramiento de las condiciones de empleabilidad, incluyendo registro, pruebas, preselección y orientación ocupacional, lo cual puede llevarse a cabo por medios físicos o electrónicos y, lo más importante, sin hacer parte de la relación contractual entre el empleador y el trabajador.
Este tipo de intermediación se encuentra regulado no solo en la ley, sino también posee una estructura normativa técnica que tuvo en cuenta la necesidad del Estado de nutrirse de información actualizada en este campo que permita democratizar la oferta de empleo. Por esta razón, requiere autorización para la operación y tiene obligaciones de reporte de información.
Las plataformas tecnológicas en el área de la salud
Desde hace ya 10 años, se viene hablando de estas plataformas en la legislación colombiana. Su implementación y funcionamiento ya han sido reguladas y la normativa que las rige ha ido avanzando, con lo cual ha permitido diferenciar la plataforma de servicios tecnológicos en sí de la prestación del servicio de salud y de las responsabilidades que de este último se derivan.
En este ramo de negocios, como en los otros, existe la posibilidad de prestar servicios bajo el título de proveedor de servicios tecnológicos o como plataforma de telemedicina propiamente dicha, teniendo como normativa de base la propia de los servicios tecnológicos, en el primer caso, y las normas aplicables de acuerdo con la normativa y resoluciones del Ministerio de Salud, en el segundo.
Revisión general
En todo caso, y en cualquiera de los ramos de negocio explicados, estamos llamados a revisar el papel de cada uno de los usuarios que participan en estas plataformas, los derechos que tienen, la protección de sus datos y las normas propias del despliegue del modelo de negocio, ya sea que este se encuadre en una relación B2C –business to customer– o en una relación B2B –business to business–.
Con estas explicaciones, el llamado al emprendedor es a entender que la innovación no es encontrar un ecosistema no regulado o romper las reglas jurídicas en nombre de la “creatividad”. Innovar significa lograr algo diferente en las condiciones óptimas de competencia en un mercado, lo cual implica, como primera medida, la legalidad.
Podemos concluir que la disrupción de un modelo de negocio no se mide por su sobrevivencia en un esquema legal débil que no enfrente las irregularidades o por la abierta violación de las normas. La disrupción otorga al modelo de negocio un valor de mercado más alto y brinda confianza a los inversionistas, pero, para otorgar estas ventajas, debe respetar a los competidores de mercado, actuando en condiciones legales permitidas, lo que nos lleva a una libre y leal competencia y se traduce en crecimiento de su valor intrínseco en el mercado.
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Crowdfunding en Colombia: avanzamos, pero no tanto
Desde antes de la expedición del Decreto 1357 del 2018, hemos anhelado un ambiente normativo que permita a las pymes ver los beneficios de las plataformas de financiación colaborativa o crowdfunding en el país. Sin embargo, y como lo hemos expresado en columnas anteriores, la baja participación de las empresas en este mercado ya regulado es “crónica de una muerte anunciada” y esto es consecuencia lógica de algunos lineamientos equivocados dentro de la propia norma, que desconocieron la dinámica emprendedora y del mercado que hace uso de estas plataformas, lo que terminó por desincentivar la participación.
Prueba de la afirmación anterior es que han pasado dos años de la expedición de la regulación (D. 1357/18) con la que el Gobierno pretendió impulsar las pymes “facilitando la inversión en títulos de deuda o capital” y al final de este periodo solo contamos con una plataforma de financiación colaborativa en el mercado y con la expectativa de autorización de una segunda que en medios de comunicación han prometido para el primer trimestre de 2021 y, al final de cuentas, lo único que no se ha atendido es a las pymes innovadoras, dado que la única opción en el mercado ofrece la posibilidad de participación solo a empresas que tengan ventas anuales superiores a 900 millones de pesos, tal y como se lee en sus reglamentos, lo cual no es muy comprensivo del tipo de “emprendimiento” colombiano y del estado de la economía.
Sin embargo, este año, en medio de la crisis, se expidió el Decreto 1235 del 2020, que introdujo algunos cambios en la normativa que rige estas plataformas de crowdfunding y que son positivos: en primer lugar, se reconoció la posibilidad a la plataforma de financiación colaborativa, de crear un sistema de registro de operaciones sobre los valores que se hayan emitido dentro de la misma, permitiendo a los inversionistas registrar operaciones de sus valores, incentivando así el movimiento del mercado. En segundo lugar, se abrió la posibilidad a la plataforma de prestar servicios de cobranza, algo que en este caso parece bastante ventajoso para el inversionista que no tiene mucha experiencia y puede obtener cierta seguridad sobre el crédito, ya que puede encontrar “todos los servicios en el mismo lugar”. Por último, la posibilidad de que la plataforma no sea de único objeto –en operaciones de crowdfunding financiero-, sino que se le permitan operaciones de crowdfunding por donación, lo cual permite visibilidad de ciertos modelos de negocio, por ejemplo, compañías de beneficio e interés colectivo (BIC) que han venido adquiriendo un lugar en las preferencias de los empresarios.
Además de los anteriores, el cambio que más llamó la atención en medios de comunicación fue el hecho de que el Decreto 1235 autorizara aumentar los montos de inversión, lo cual, proporcional a la envergadura del negocio que se trate y el tipo de inversión a realizar, ya representa una ventaja que permite a mercados con inversiones iniciales de altos montos, como, por ejemplo, el inmobiliario, pensar en la postulación en estas plataformas como forma de capitalización.
Podemos decir que son cambios positivos aunque en nuestro criterio todavía insuficientes para llevar ese tipo de modelo de negocio a una modalidad “democrática participativa”. Modelos inspiradores como “Kickstarter” aún se ven a miles de kilómetros de ser una realidad en Colombia, aunque es esperanzador que los cambios vinieron acompañados de una flexibilización normativa en las normas de las sociedades por acciones simplificadas (SAS), lo que aumentó las opciones de beneficio por inversión en las pymes. Este cambio del que estamos hablando se recogió en el Decreto 817 del 2020, que permitió a las SAS emitir valores que serían negociados en el segundo mercado.
Vale aclarar que el Decreto 817 del 2020 sirvió de fundamento normativo para la expedición de la norma de plataformas de financiación colaborativa que estamos comentando, y que fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-331 del 2020. Precisamente, la Corte Constitucional reconoció que las posibilidades dadas a las SAS en el Decreto 817 para participar en el segundo mercado, en medio de la emergencia económica, impulsan “la participación de nuevos emisores en el mercado de valores” y amplían “las alternativas de inversión para los inversionistas profesionales”.
En conclusión y a título de actualización en este tema, tenemos más normas con más opciones para el desarrollo de modelos de negocio de financiación colaborativa o para la participación a título de usuarios o inversionistas en estas plataformas, sin embargo, los retos siguen en el camino, los cambios son positivos y esperamos que logren su cometido de incentivar la participación en el mercado.
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Intraemprendimiento: ¿Mi nueva empresa?
¿Nuevos modelos de negocio?
Con el paso del año, las proyecciones un poco más aterrizadas y un panorama no muy alentador para el 2021 en la economía y producción nacionales, nos preguntamos como empresarios: ¿Requerimos un nuevo modelo de negocio? o ¿Necesitamos transformar el que tenemos? Pero en realidad, desde el punto de vista legal, la pregunta correcta es ¿La transformación de mi negocio lo convierte en un nuevo modelo de negocio?
Por lo menos desde la perspectiva de las nuevas tecnologías, la transformación de la empresa, vista como emprendimiento, requiere el mismo estudio y valoración que la creación de un nuevo modelo; sin embrago, el ingrediente tecnológico de la nueva economía digital imprime un nivel de desafío aún mayor que se ve representado en cuatro grandes retos:
1. Preservar experiencia y reputación
“Construir sobre lo recorrido” es uno de los mayores riesgos, la dicotomía que se presenta es querer innovar sin poder darnos el lujo de poner en riesgo lo que ya hemos ganado, esto es, un nombre, una reputación, unos clientes y una experiencia de venta sobre nuestros productos y servicios.
Debemos tomar la decisión de emprender o intraemprender, es decir, darle a nuestra idea una identidad propia e independiente, mientras seguimos con nuestro ya tradicional modelo de negocio, o podemos tomar la decisión de arropar esta nueva idea bajo nuestro mismo nombre, presentándola como “nuestra nueva forma de ser”.
Dos caminos: usamos nuestra marca o nos desligamos de ella. Esta importante decisión, desde el punto de vista legal debe tener en cuenta la validación del riesgo por la responsabilidad que deriva de la ejecución del segundo modelo. Aquí las preguntas a formular son: ¿Cuál es la nueva normatividad aplicable?; ¿Son compatibles los dos modelos?; ¿Cuál es el nuevo modelo tributario?; ¿Cuál es el esquema de riesgos legales del nuevo modelo?
2. Mantener la legalidad y calidad de los procesos
Legalidad es sinónimo de calidad, así, verificar que la nueva idea está sustentada en normas legales existentes y que si se trata de un modelo innovador, por lo menos no esté ubicado en algo ya declarado por la normatividad o la jurisprudencia como ilegal.
Verificar normativamente nuestros modelos innovadores nos asegura que el capital invertido no va a estar comprometido y que nuestro nombre, fama y reputación no va a ser dilapidado a costa de una acción evidentemente contraria a la ley.
Además, debemos “cambiar el chip”, los modelos de la nueva era digital se basan en procesos de datos y estos procesos solo tendrán calidad ante la protección de la privacidad; la privacidad ya no es el papel que los empresarios ignoraban en el siglo XX; la privacidad es el boleto de acceso a los clientes de las nuevas generaciones, para los cuales, la privacidad y su respeto, no es norma sino cultura.
3. Mantener relación con clientes internos y externos
El proceso de entendimiento, acercamiento y apropiación del nuevo negocio a quienes lo manejan, lo prestan y lo ofertan al público, es un proceso en sí mismo y son ellos los encargados de poner en manos del cliente externo esta nueva idea, así que el capital humano es el que hace posible o inviable un proyecto de transformación, las nuevas caras son necesarias pero la experiencia con el producto o servicio a transformar no puede, en ninguna circunstancia, desecharse.
Por último,
4. Temporalidad y escalabilidad
El proceso no es lento, hoy en día vivimos en un mundo productor y reproductor de ideas innovadoras, por minuto nuevas ideas se toman el mercado, por lo cual, este es el reto más difícil de enfrentar: llevar el proceso de cambiar, revisar, actuar, estabilizar y volver a empezar en el menor tiempo posible, con calidad y bajo la premisa del crecimiento constante.
Como se puede ver, no son sencillos los retos a enfrentar, liderar el cambio y administrar el proyecto de intraemprendimiento en su empresa, es un tema para analizar, hay bastante literatura y expertos que lo apoyarán desde todas las áreas en este camino que los neófitos están llamando “reinvención”. La invitación es a que emprenda como un líder, con responsabilidad, no siga el camino impreciso y acelerado de la moda de la reinvención ya que lo único que sobrevivirá a la pandemia y aportará a la reactivación económica son las empresas y procesos de calidad.
Si tiene alguna duda o inquietud en temas de emprendimiento, creación de empresas, estructuración de modelos de negocio, dudas jurídicas relacionadas o quiere una revisión jurídica en temas de tecnología, ingrese a https://abogadotic.com o escríbanos al correo servicioalcliente@abogadotic.co
Por: Natalia Ospina, natalia.ospina@abogadotic.com
LAS OPINIONES COMPARTIDAS Y EXPRESADAS POR LOS PERIODISTAS Y CONTRIBUYENTES DE ESTE BLOG SON LIBRES E INDEPENDIENTES Y DE ELLAS SON RESPONSABLES SUS PROPIOS AUTORES. NO REFLEJAN NI COMPROMETEN LA RESPONSABILIDAD, LA OPINIÓN DE GRUPO D&P SAS, Y TAMPOCO CONSTITUYEN ASESORÍA O CONSULTORÍA LEGAL, POR LO CUAL NO PUEDEN SER INTERPRETADAS COMO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR GRUPO D&P SAS.
SARLAFT 4.0 Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Como consecuencia de la expedición de la Circular Externa 027 de 2020 por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia o el denominado SARLAFT 4.0, se produjeron varios cambios en los sistemas de cumplimiento que afectaron otras variables de negocio, entre ellas, el tema de protección de datos personales.
Se acogieron en la Circular modificaciones que asumen un mejor entendimiento de las tendencias normativas actuales en materia de protección de derecho al habeas data y tratamiento de los datos desde esquemas de riesgos, sin olvidar las necesidades de los esquemas empresariales que desde la Banca exigen hoy en día un mayor y más rápido conocimiento del cliente.
Precisamente hoy en día, los retos que enfrenta la privacidad y la protección de datos personales están dados por la transformación digital y en este entorno digital, los medios y las plataformas tecnológicas, como nuevo modelo empresarial, modifican la forma en la que se hace efectivo el derecho a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información que se tiene sobre las personas en una base de datos.
Dentro de las modificaciones principales al sistema de cumplimiento, referido a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, está la permisividad en cuanto al desarrollo de esquemas autorregulados y autónomos que respondan a la flexibilidad de los servicios digitales actuales que se refieran al conocimiento e identificación del cliente; desde este punto de vista, las entidades vigiladas, que son sujeto de esta nueva reglamentación, enfrentan el reto de informar al cliente de manera clara, oportuna y precisa, con anterioridad a la recolección del dato, el por qué y para qué se recoge el dato personal y los tratamientos a los cuales va a ser sometido. Frente a este reto, se responde actualmente con estructuras propias de lo que se ha denominado la privacidad por diseño por la que en aquellos eventos en los que se hace necesario ejecutar acciones de cumplimiento de la normatividad de habeas data, estos se ejecutan a la par con el desarrollo de los productos y servicios que se ponen a la orden del público en general.
Adicionalmente, la implementación de sistemas de big data e inteligencia artificial también supone retos que se relacionan con esta nueva normativa y que se relacionan con los esquemas de tratamiento de datos personales, la libertad en cuanto a conocimiento del cliente y el deslinde de esquemas de verificación clásicos y relacionados a las centrales de información, llevará a las entidades a formas innovadoras –más propias del mundo fintech– en las que el scoring se nutre de otras fuentes alternativas para dar resultados que responden a la rapidez de las transacciones propias de una economía digitalizada; en este sentido, la circular 027 estableció que “en el evento en que utilicen bases de datos externos, las entidades vigiladas deben realizar un análisis de riesgo asociado a dicha fuente, en el cual se evalúe la calidad de los datos, su confiabilidad y la pertinencia de la misma en la gestión del riesgo de LA/FT. Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestre la realización de dicho análisis de riesgo”.
No se trata pues de un manejo de riesgos clásico, más bien se trata de la implementación de esquemas de riesgo dinámico que encuentran modificaciones constantes, dado su relacionamiento directo con sistemas de información que avanzan al compás de la economía y del mercado y por esto la importancia de actualizar estos esquemas por lo menos en la periodicidad sugerida por la norma.
En el procesamiento de fuentes de información externas que permiten la toma de decisiones y que permiten la recolección de datos personales, hay un tema que es importante no olvidar: los sistemas de gestión de protección de datos personales están guiados por normas rectoras que no permiten que las decisiones que afecten derechos de las personas sean tomadas de forma automatizada, sin una revisión previa que permita delimitar el riesgo que viene dado por la calidad de los datos y que puede llevar a las empresas a tomar decisiones sesgadas o producir resultados discriminatorios o violatorios del derecho al habeas data.
Por último, una consideración no menos importante y referida a la importancia de la minimización en la cantidad de datos recolectados; con anterioridad a la expedición de la Circular 027, las normas imponían esquemas de formularios con indicación de los datos a recolectar, ahora, implementada la libertad de conformar los sistema preventivos con los datos que se requieran de acuerdo a la necesidad del proceso desarrollado, debemos tener en cuenta que las normas nacionales y las buenas prácticas internacionales, en materia de privacidad y protección de datos, indican que los datos a recolectar deben ser los mínimos posibles y tan solo los necesarios para llevar a cabo nuestros procesos, sin dejar de lado que dichos procesos deben ser correctamente documentados como parte del sistema de gestión y protección de datos personales y los riesgos que los acompañan debidamente identificados en nuestras matrices.
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Barreras legales de los emprendimientos ‘fintech’
Según los datos recogidos por Finnovista en la quinta edición del Fintech Radar, publicada en abril de este año, Colombia se posiciona como el tercer mercado fintech de la región. El informe destaca el crecimiento de las actividades del segmento de préstamos en línea tanto para personas naturales como para pymes, una necesidad que se reconoce como prioritaria en un país en el que el acceso al sistema financiero se ha convertido en un reto.
Sin embargo, emprender en el sector fintech, por sí mismo, también es un reto. Lo es desde el punto de vista legal, y este es un tema en el que el legislador, en algunos casos, ha acertado y en otros, al contrario, ha cerrado los caminos hasta el punto de que negocios exitosos en otras latitudes aquí son imposibles de llevar a cabo.
Colombia es un país con abundante normativa y un alto porcentaje de normas prohibitivas. En este sentido, podemos decir que emprender es posible, pero, muchas veces, no está al alcance del bolsillo del emprendedor cuando se trata de temas fintech. Las barreras se erigen de la siguiente forma:
1. Los límites de la actividad de captación de dineros del público
Para ser más claros, captar es recibir dinero masivamente sin que este constituya la contraprestación directa de un bien o servicio para administrar, intermediar o colocarlo en el mercado.
Esta es una norma que claramente permite un adecuado equilibrio y manejo de los sistemas financieros en el mundo, solo que, en Colombia, desafortunadamente, dependemos del estudio que se encuentra haciendo la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda para llegar a un concepto equilibrado de lo que debe entenderse por “captación masiva”, ya que tan solo desde el punto de vista penal el delito contiene siete verbos rectores y quedó abierto a “realizar cualquier otro acto para captar dinero del público”. Esta situación ha impedido la constitución de muchos negocios.
2. La prohibición de todos los negocios que impliquen lo que llamamos hoy en día préstamos peer to peer (P2P) y plataformas tecnológicas que faciliten este modelo.
Es importante decirlo y socializarlo: el hecho de que existan plataformas en línea que promueven este tipo de negocio no significa que los prestamos peer to peer sean legales en Colombia. De hecho, todo tipo de negocio que prometa abiertamente retorno de inversión que implique previa captación no es legal, a menos que se trate de una entidad vigilada.
A pesar de lo anterior, otros países le apuestan a educación financiera y a la autorresponsabilidad de sus ciudadanos en la consecución del crédito. En otras latitudes, los prestamos peer to peer no solo han demostrado ser una inversión aceptable, sino también han demostrado que los consumidores responden bien al producto, lo cual contribuye, al final de la cadena, a la inclusión financiera.
3. El ofrecimiento de retorno por inversión en proyectos de innovación a cambio de acciones o títulos de deuda debe ejecutarse a través de entidades vigiladas.
Este modelo de negocio tiene normas definidas en el Decreto 1357 del 2018, que reguló lo relativo a las entidades de financiación colaborativa, las cuales, a pesar de ser entidades autorizadas y vigiladas, no lograron su cometido de impulsar el emprendimiento y el problema fue, precisamente, la norma sobre captación masiva de dinero que no permite que el emprendedor reciba financiación por fuera de los límites impuestos por ella.
4. ‘Blockchain’.
Es importante recordar que, hasta el momento, no hemos avanzado legislativamente en el tema del blockchain ni en los criptoactivos. Las transacciones con este tipo de bien siguen considerándose un riesgo alto para el tema de lavado de activos por parte de la banca colombiana y se bloquean sin diferenciar qué tipo de actividades se están realizando.
Por su parte, los sistemas cerrados de pago que se crean con estas mismas criptomonedas en markeplaces y sitios en la web dedicados al intercambio de bienes y servicios son considerados como de alto riesgo de captación masiva y no son permitidos por la autoridad encargada de la vigilancia.
Como puede verse, la innovación es bienvenida por las autoridades colombianas, pero exige un nivel muy alto de “creatividad”, ya que son bastantes las barreras para quien quiere emprender o probar un modelo de negocio y aún no está dispuesto a invertir en una entidad vigilada, la cual tiene sus propios límites normativos.
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Big Data y Protección de Datos Personales
Nos corresponde hablar sobre el “Big Data” sus oportunidades y retos en la protección de datos personales en entornos empresariales, un tema cuyo análisis se hace necesario en el ámbito jurídico y actual, teniendo en cuenta la digitalización de la economía y la consecuente existencia de empresas de base 100% tecnológica o en fases avanzadas de transformación digital en las que los datos son el activo principal de la organización y la base sobre la cual se erigen los procesos operativos, financieros y jurídicos.
Para iniciar y dar claridad sobre el concepto central, tomaremos la definición dada por Todolí, cuya definición me parece útil en estos casos ya que desde la teoría permite apreciar la dimensión del concepto del Big Data sin dejar de lado todas las fases de su practicidad así como la variedad de componentes a tener en cuenta a la hora de suponer la figura como objeto de valoración, análisis y aplicación de las normas de protección de datos personales, es decir, a la hora de convertir este concepto en un objeto de estudio jurídico.
Para el autor, “El “big data” no solamente consiste en la acumulación de datos e informaciones, sino que hace referencia también al conjunto de herramientas y sistemas informáticos (algoritmos, machine learning) que analizan dichos datos, buscan patrones recurrentes y correlaciones, con objeto de poder realizar predicciones” (Todolí, 2018).
Como podemos ver, tenemos como eje central un sistema informático que recolecta datos y cuya función principal se concentra en el análisis de los mismos en orden o con la finalidad de producir una información producto de un patrón o correlación.
Así, partimos de la recolección como función técnica principal con sus componentes de clasificación y organización del insumo o dato y es aquí donde nos empezamos a encontrar con la normativa de protección de datos personales y sus definiciones básicas, al efecto, habrá tratamiento de datos personales en cualquier fase de lo que denominamos el ciclo RAUCS, es decir, en presencia de una recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de datos se determinará si lo recolectado corresponde o no a un dato personal; definido esto y determinada la naturaleza del dato como personal habremos llegado a la intersección objeto de estudio, el big data frente a la protección de los datos personales, todo análisis llevado a cabo sobre la masa de datos recolectada estará permeado por esta normatividad.
En ese escenario y en cualquier escenario de tratamiento de datos personales, bajo la normatividad nacional como bajo la normativa referente de Reglamento General de Protección de Datos Europeo, esta cimentado sobre el denominado principio de libertad según el cual “El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular”.
Y es precisamente la características exigidas del consentimiento por la norma lo que hace que las tecnologías de Big Data se conviertan en uno de los mayores retos que universalmente enfrenta la privacidad si se tiene en cuenta que de acuerdo con la definición dada a inicio, el sistema informático busca por sí solo y sin la intervención humana, patrones recurrentes y consecuenciales que lo llevan a través de la experiencia, a la realización de la predicción o predicciones, es decir a la producción de la información como activo principal de las empresas de base digital.
No se trata entonces, en los negocios digitales actuales, que se erigen como paradigmas de la innovación, de simples sistemas de información, como lo sabemos, los sistemas de big data evolucionaron para superar su función primaria de recolección masiva y hoy en día son reconocidos como sistemas completos de inteligencia artificial. Estos sistemas pueden partir de datos estructurados o no estructurados para la búsqueda de patrones y el hallazgo de predicciones o información, bajo técnicas tan simples o complejas como las exigencias de cada operación empresarial.
Bajo el estado de la técnica actual, ya en la mayoría de los casos conocemos la predicción, se nos entrega la información, pero no en la totalidad de casos conocemos los tratamientos a los que son sometidos los datos y aún bajo ambientes controlados, podemos afirmar, que en la utilización de la técnica en ambientes de prueba y desarrollo constante, propios de los esquemas empresariales actuales, desconocemos la totalidad de las finalidades para las cuales pueden ser utilizados los datos de ingreso y menos aún, la utilidad de la totalidad de la información provista por la predicción que hace el sistema, esto por que son variadas e infinitas las posibilidades de predicción deducibles de un conjunto de datos de la proporción manejada por un sistemas de big data.
De acuerdo a lo anterior, desde nuestro punto de vista el mayor reto que enfrentamos en este campo no es poner en marcha el deber de informar, como lo establecen las normas, sino hacer real la posibilidad de informar de manera completa la finalidad de la recolección del dato, los tratamientos a los que es sometido y además desplegar actividades propias de nuestro objeto social sobre la seguridad de que el consentimiento que nos esta siendo proporcionado por el titular de los datos es completamente consciente y libre. Este sería nuestro primer y más desafiante reto.
Pero el anterior no es el único reto que enfrentamos desde lo jurídico, hoy en día se puede decir sin lugar a duda que el dato, su tratamiento y la producción de información gobiernan los procesos de las empresas del mundo 4.0; ese dato es el que nos lleva a la precisión de las actividades en la oferta de bienes y servicios en el mercado, nos lleva a la interacción con quién necesitamos, en el momento en el que lo necesitamos y para lo que lo necesitamos; por lo tanto, en lenguaje coloquial, no es el clic en el contenido lo valioso, es propiciar el clic en el momento exacto para que los titulares de los datos encuentren en el contenido el producto que ellos desean, dentro de los productos creados por mi propia empresa a partir de la información previamente obtenida y puesta a disposición del consumidor de manera selectiva de acuerdo al conocimiento que obtengo del procesamiento de sus datos.
Desde este punto de vista el segundo reto a enfrentar en los sistemas de Big Data es el hecho de que hoy en día la compilación y procesamiento de los datos por parte del sistema, nos informa o indica la decisión a tomar, y ¿donde está el reto si el sistema me soluciona el problema de base?, la respuesta es que la información o predicción sugerida, siempre que produzca un efecto jurídico en su aplicación, debe mantenerse es este estado, es decir, debe mantenerse “sugerida”, hasta tanto sea evaluada, palabras más, palabras menos, hasta tanto sean aplicados los procesos que nos permitan la identificación de sesgos de programación, se trata del despliegue de mecanismos eficaces para impedir que a partir de dicho sesgo se tomen decisiones discriminatorias.
Pero, por qué considerarlo un reto?, la respuesta es más sencilla, vivimos en una economía digitalizada en la que la tecnología evoluciona exponencialmente reduciendo los costos de adquisición de la materia prima entendida, en este caso como el dato personal, por lo tanto, a menor costo de adquisición, mayor producción de información y mayor exposición al riesgo de falta de calidad de la información.
Por último, dentro de la categoría de los retos que enfrentamos a partir de la aplicación de las tecnologías de Big Data frente al tratamiento de los datos personales, tenemos el procesamiento de la data sensible, tema sencillo en un mundo sin inteligencia artificial, pero complejo en un entorno completamente automatizado en el que la inteligencia artificial no requiere como insumo el dato sensible por sí mismo, y no lo requiere por que está en capacidad de inferirlo, así que el reto en este campo se centra en los mecanismos que me permitan controlar la inferencia sin interferir así misma en la producción de información de calidad, y sobre todo, en como enfrentarla, administrarla e informar al titular sobre los tratamientos aplicados y finalidades dadas a sus datos.
Ahora, frente a los retos mencionados nacen las oportunidades, así, en primer lugar frente al reto de hacer real la posibilidad de informar de manera completa la finalidad de la recolección del dato y los tratamientos a los que es sometido, tenemos la tendencia de lo que se ha denominado la privacidad por diseño mediante la esquematización de los modelos de negocio propios de cada empresa, identificando en los procesos los momentos oportunos en los que la información debe ser provista al titular de los datos y aquellos en los que el consentimiento debe ser actualizado por el titular creando o construyendo procesos de interacción constante y continua que permiten afrontar, respetar y asumir la libertad del titular como un principio fundamental que forme parte del ADN de las empresas.
En segundo lugar, frente al reto de la identificación oportuna del sesgo y el despliegue de mecanismos eficaces para impedir que a partir de ese mismo sesgo se tomen decisiones discriminatorias, es importante que desde la tecnología y desde los procesos de producción y administrativos se implementen parámetros para la identificación del evento de decisión automatizada, la verificación y análisis del evento y la decisión, predicción o información, así como la implementación de auditoria multidisciplinar constante a los sistemas por normativas producto de la auto regulación de la empresa, lo cual necesariamente como consecuencia positiva, la calidad en la automatización, la calidad en la información y el valor agregado que percibe el cliente.
En este punto además, debe tenerse en cuenta que la identificación y medición constante de los riesgos de sesgo no debe operar por defecto sino por estructura de trabajo, evitar la concreción del sesgo tiene el alcance no menor de evitar el evento de discriminación y desde este punto de vista, la oportunidad de autorregulación se convierte en el punto de inflexión de la empresa actual, ya que representa el cumplimiento de su deber legal de protección de derechos fundamentales implicados en la operación, pero también se erige como la representación de la calidad, convirtiendo la privacidad en el eje central de la administración de datos actual.
Por último, la implementación de procesos de anonimización de forma inicial y previa a cualquier otro tipo de tratamiento, dentro de los alcances y deberes propios de la industria o actividad económica que desarrolla la empresa son una oportunidad para hacer realidad el deber de confidencialidad en el tratamiento de datos personales, pero también una oportunidad para afianzar los procesos de seguridad de la data que impidan la re identificación o reconstrucción de la data originalmente obtenida, en este aspecto lo que nos brinda la oportunidad de mejorar el modelo de negocio en las empresas es enfrentar el reto de minimizar la cantidad de datos personales recogidos y por su puesto, no olvidar el principio fundamental de libertad del individuo teniendo en cuenta que todo dato sometido a anonimización también debe tener autorizada su recolección y tratamiento de manera consciente y completa por parte del titular.
Como podemos ver cada reto viene acompañado de una oportunidad en la empresa, cada reto asumido tiene la ventaja de ser percibido como característica de calidad en una sociedad en la que el consumidor digital o cliente conoce el valor del dato que entrega y espera como retribución no solo el respecto a sus derechos fundamentales, sino el recibo de información de calidad e incluso la posibilidad que ya esta empezando a abrir camino en la discusión jurídica sobre el valoración y usufructo producto de la explotación del dato o por lo menos la obtención de un beneficio equivalente en términos de información de calidad.
Trabajos citados
Todolí, A. (2018). La gobernanza colectiva de la protección de datos en las relaciones laborales “big data”, creación de perfiles, decisiones empresariales automatizadas y los derechos colectivos Adrián Todolí Signes [1]. Revista de Derecho Social(84), 66-88.
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El ADN de las empresas en tiempos de crisis
Artículo publicado en La Nota Económica, Especial Tecnología e Innovación, sección los Líderes Opinan, edición de abril de 2020
Las empresas nacen con un propósito, el ideal de innovar, de hacer las cosas diferente, de aportar a la sociedad, ese el sueño de la mayoría de fundadores y emprendedores; escribo esta columna en medio de la crisis más profunda que ha enfrentado nuestra sociedad en los últimos años, la desaceleración económica y la caída de los mercados por causa del virus COVID 19 y desde mi área de trabajo, el derecho informático, puedo afirmar con vehemencia que la herramienta más poderosa para superar la crisis, así como todas las soluciones para sobrellevarla, desde todos los ámbitos sociales, es la tecnología.
Desde la infraestructura de telecomunicaciones, pasando por la conectividad, el hardware, el software, las infraestructuras de nube, las plataformas tecnológicas de contacto, las plataformas de comercio electrónico, la administración remota y automatizada de servicios, la automatización de las cadenas de producción y la entrega de productos a públicos masivos son protagonistas muy valiosos en la crisis, ya que están demostrando ser parte fundamental y estratégica al momento de la protección de la llamada y muy necesaria, seguridad alimentaria, ellos materializan la entrega del producto o servicio esencial al ciudadano, son en últimas, algunos de los que hacen real el abastecimiento y mejor aún, van más allá de lo necesario y agregan también lo cultural.
Como se puede ver, en estos tiempos ya no hablamos de la necesidad de transformación de las empresas, hablamos de experiencias exitosas o no de transformación digital y del surgimiento exitoso o no de emprendimientos de base 100% digital, que llevan lo tradicional al siguiente nivel; estamos diciendo sin más, que la tecnología se ha impuesto en todas las áreas del conocimiento y la empresa.
Y en medio de la pandemia ha sucedido algo todavía más positivo, el Gobierno Nacional a requerido la colaboración de estas empresas, reconociendo su importancia, reconociendo que empresa pública y privada deben actuar en conjunto y que, tal vez, esta empresa digital si puede colaborar con la prestación del servicio público, la provisión de bienes y servicios de primera necesidad, es bueno notar que es uno de los primeros actos reales y materialmente coherentes con el discurso de innovación y apoyo a la economía digital que ha venido sosteniendo el Gobierno.
Este país necesita de los emprendedores y de las empresas que han hecho la tarea a pesar de las dificultades que impone la propia normatividad y las políticas de estado, que en muchas ocasiones son obstáculo para sacar adelante proyectos y empresas; afortunadamente hemos visto el apoyo de estos empresarios, los cuales han demostrado de qué están hechos y lo mucho que pueden aportar.
El mundo como lo conocemos tal vez no vuelva a ser tal, pero la oportunidad sigue allí, a pesar de las bondades, también hemos identificado las falencias, aún las soluciones tecnológicas no son suficientes para atender la población de la tercera edad – que le cuesta inmensamente adaptarse a la conectividad-, a la población vulnerable, a la población desbancarizada y la que aún, en pleno siglo XXI y por innumerables y tristes razones, aun no esta conectada.
Como abogada del área de tecnología y como empresaria, soy testigo de las bondades de transformarse digitalmente y también de los fracasos que causa hoy en día no imprimir en nuestro ADN, la digitalización. Señor empresario si no está en la onda del cambio, si se quedó en la mitad del proceso, esta es la oportunidad para demostrar que su filosofía y valores empresariales también pueden ser puestos a disposición de esta sociedad y beneficiarnos a todos, desde su especial campo de trabajo.
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