Crowdfunding en Colombia: avanzamos, pero no tanto
Desde antes de la expedición del Decreto 1357 del 2018, hemos anhelado un ambiente normativo que permita a las pymes ver los beneficios de las plataformas de financiación colaborativa o crowdfunding en el país. Sin embargo, y como lo hemos expresado en columnas anteriores, la baja participación de las empresas en este mercado ya regulado es “crónica de una muerte anunciada” y esto es consecuencia lógica de algunos lineamientos equivocados dentro de la propia norma, que desconocieron la dinámica emprendedora y del mercado que hace uso de estas plataformas, lo que terminó por desincentivar la participación.
Prueba de la afirmación anterior es que han pasado dos años de la expedición de la regulación (D. 1357/18) con la que el Gobierno pretendió impulsar las pymes “facilitando la inversión en títulos de deuda o capital” y al final de este periodo solo contamos con una plataforma de financiación colaborativa en el mercado y con la expectativa de autorización de una segunda que en medios de comunicación han prometido para el primer trimestre de 2021 y, al final de cuentas, lo único que no se ha atendido es a las pymes innovadoras, dado que la única opción en el mercado ofrece la posibilidad de participación solo a empresas que tengan ventas anuales superiores a 900 millones de pesos, tal y como se lee en sus reglamentos, lo cual no es muy comprensivo del tipo de “emprendimiento” colombiano y del estado de la economía.
Sin embargo, este año, en medio de la crisis, se expidió el Decreto 1235 del 2020, que introdujo algunos cambios en la normativa que rige estas plataformas de crowdfunding y que son positivos: en primer lugar, se reconoció la posibilidad a la plataforma de financiación colaborativa, de crear un sistema de registro de operaciones sobre los valores que se hayan emitido dentro de la misma, permitiendo a los inversionistas registrar operaciones de sus valores, incentivando así el movimiento del mercado. En segundo lugar, se abrió la posibilidad a la plataforma de prestar servicios de cobranza, algo que en este caso parece bastante ventajoso para el inversionista que no tiene mucha experiencia y puede obtener cierta seguridad sobre el crédito, ya que puede encontrar “todos los servicios en el mismo lugar”. Por último, la posibilidad de que la plataforma no sea de único objeto –en operaciones de crowdfunding financiero-, sino que se le permitan operaciones de crowdfunding por donación, lo cual permite visibilidad de ciertos modelos de negocio, por ejemplo, compañías de beneficio e interés colectivo (BIC) que han venido adquiriendo un lugar en las preferencias de los empresarios.
Además de los anteriores, el cambio que más llamó la atención en medios de comunicación fue el hecho de que el Decreto 1235 autorizara aumentar los montos de inversión, lo cual, proporcional a la envergadura del negocio que se trate y el tipo de inversión a realizar, ya representa una ventaja que permite a mercados con inversiones iniciales de altos montos, como, por ejemplo, el inmobiliario, pensar en la postulación en estas plataformas como forma de capitalización.
Podemos decir que son cambios positivos aunque en nuestro criterio todavía insuficientes para llevar ese tipo de modelo de negocio a una modalidad “democrática participativa”. Modelos inspiradores como “Kickstarter” aún se ven a miles de kilómetros de ser una realidad en Colombia, aunque es esperanzador que los cambios vinieron acompañados de una flexibilización normativa en las normas de las sociedades por acciones simplificadas (SAS), lo que aumentó las opciones de beneficio por inversión en las pymes. Este cambio del que estamos hablando se recogió en el Decreto 817 del 2020, que permitió a las SAS emitir valores que serían negociados en el segundo mercado.
Vale aclarar que el Decreto 817 del 2020 sirvió de fundamento normativo para la expedición de la norma de plataformas de financiación colaborativa que estamos comentando, y que fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-331 del 2020. Precisamente, la Corte Constitucional reconoció que las posibilidades dadas a las SAS en el Decreto 817 para participar en el segundo mercado, en medio de la emergencia económica, impulsan “la participación de nuevos emisores en el mercado de valores” y amplían “las alternativas de inversión para los inversionistas profesionales”.
En conclusión y a título de actualización en este tema, tenemos más normas con más opciones para el desarrollo de modelos de negocio de financiación colaborativa o para la participación a título de usuarios o inversionistas en estas plataformas, sin embargo, los retos siguen en el camino, los cambios son positivos y esperamos que logren su cometido de incentivar la participación en el mercado.
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Por: Natalia Ospina, natalia.ospina@abogadotic.com
LAS OPINIONES COMPARTIDAS Y EXPRESADAS POR LOS PERIODISTAS Y CONTRIBUYENTES DE ESTE BLOG SON LIBRES E INDEPENDIENTES Y DE ELLAS SON RESPONSABLES SUS PROPIOS AUTORES. NO REFLEJAN NI COMPROMETEN LA RESPONSABILIDAD, LA OPINIÓN DE GRUPO D&P SAS, Y TAMPOCO CONSTITUYEN ASESORÍA O CONSULTORÍA LEGAL, POR LO CUAL NO PUEDEN SER INTERPRETADAS COMO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR GRUPO D&P SAS.
Intraemprendimiento: ¿Mi nueva empresa?
¿Nuevos modelos de negocio?
Con el paso del año, las proyecciones un poco más aterrizadas y un panorama no muy alentador para el 2021 en la economía y producción nacionales, nos preguntamos como empresarios: ¿Requerimos un nuevo modelo de negocio? o ¿Necesitamos transformar el que tenemos? Pero en realidad, desde el punto de vista legal, la pregunta correcta es ¿La transformación de mi negocio lo convierte en un nuevo modelo de negocio?
Por lo menos desde la perspectiva de las nuevas tecnologías, la transformación de la empresa, vista como emprendimiento, requiere el mismo estudio y valoración que la creación de un nuevo modelo; sin embrago, el ingrediente tecnológico de la nueva economía digital imprime un nivel de desafío aún mayor que se ve representado en cuatro grandes retos:
1. Preservar experiencia y reputación
“Construir sobre lo recorrido” es uno de los mayores riesgos, la dicotomía que se presenta es querer innovar sin poder darnos el lujo de poner en riesgo lo que ya hemos ganado, esto es, un nombre, una reputación, unos clientes y una experiencia de venta sobre nuestros productos y servicios.
Debemos tomar la decisión de emprender o intraemprender, es decir, darle a nuestra idea una identidad propia e independiente, mientras seguimos con nuestro ya tradicional modelo de negocio, o podemos tomar la decisión de arropar esta nueva idea bajo nuestro mismo nombre, presentándola como “nuestra nueva forma de ser”.
Dos caminos: usamos nuestra marca o nos desligamos de ella. Esta importante decisión, desde el punto de vista legal debe tener en cuenta la validación del riesgo por la responsabilidad que deriva de la ejecución del segundo modelo. Aquí las preguntas a formular son: ¿Cuál es la nueva normatividad aplicable?; ¿Son compatibles los dos modelos?; ¿Cuál es el nuevo modelo tributario?; ¿Cuál es el esquema de riesgos legales del nuevo modelo?
2. Mantener la legalidad y calidad de los procesos
Legalidad es sinónimo de calidad, así, verificar que la nueva idea está sustentada en normas legales existentes y que si se trata de un modelo innovador, por lo menos no esté ubicado en algo ya declarado por la normatividad o la jurisprudencia como ilegal.
Verificar normativamente nuestros modelos innovadores nos asegura que el capital invertido no va a estar comprometido y que nuestro nombre, fama y reputación no va a ser dilapidado a costa de una acción evidentemente contraria a la ley.
Además, debemos “cambiar el chip”, los modelos de la nueva era digital se basan en procesos de datos y estos procesos solo tendrán calidad ante la protección de la privacidad; la privacidad ya no es el papel que los empresarios ignoraban en el siglo XX; la privacidad es el boleto de acceso a los clientes de las nuevas generaciones, para los cuales, la privacidad y su respeto, no es norma sino cultura.
3. Mantener relación con clientes internos y externos
El proceso de entendimiento, acercamiento y apropiación del nuevo negocio a quienes lo manejan, lo prestan y lo ofertan al público, es un proceso en sí mismo y son ellos los encargados de poner en manos del cliente externo esta nueva idea, así que el capital humano es el que hace posible o inviable un proyecto de transformación, las nuevas caras son necesarias pero la experiencia con el producto o servicio a transformar no puede, en ninguna circunstancia, desecharse.
Por último,
4. Temporalidad y escalabilidad
El proceso no es lento, hoy en día vivimos en un mundo productor y reproductor de ideas innovadoras, por minuto nuevas ideas se toman el mercado, por lo cual, este es el reto más difícil de enfrentar: llevar el proceso de cambiar, revisar, actuar, estabilizar y volver a empezar en el menor tiempo posible, con calidad y bajo la premisa del crecimiento constante.
Como se puede ver, no son sencillos los retos a enfrentar, liderar el cambio y administrar el proyecto de intraemprendimiento en su empresa, es un tema para analizar, hay bastante literatura y expertos que lo apoyarán desde todas las áreas en este camino que los neófitos están llamando “reinvención”. La invitación es a que emprenda como un líder, con responsabilidad, no siga el camino impreciso y acelerado de la moda de la reinvención ya que lo único que sobrevivirá a la pandemia y aportará a la reactivación económica son las empresas y procesos de calidad.
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SARLAFT 4.0 Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Como consecuencia de la expedición de la Circular Externa 027 de 2020 por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia o el denominado SARLAFT 4.0, se produjeron varios cambios en los sistemas de cumplimiento que afectaron otras variables de negocio, entre ellas, el tema de protección de datos personales.
Se acogieron en la Circular modificaciones que asumen un mejor entendimiento de las tendencias normativas actuales en materia de protección de derecho al habeas data y tratamiento de los datos desde esquemas de riesgos, sin olvidar las necesidades de los esquemas empresariales que desde la Banca exigen hoy en día un mayor y más rápido conocimiento del cliente.
Precisamente hoy en día, los retos que enfrenta la privacidad y la protección de datos personales están dados por la transformación digital y en este entorno digital, los medios y las plataformas tecnológicas, como nuevo modelo empresarial, modifican la forma en la que se hace efectivo el derecho a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información que se tiene sobre las personas en una base de datos.
Dentro de las modificaciones principales al sistema de cumplimiento, referido a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, está la permisividad en cuanto al desarrollo de esquemas autorregulados y autónomos que respondan a la flexibilidad de los servicios digitales actuales que se refieran al conocimiento e identificación del cliente; desde este punto de vista, las entidades vigiladas, que son sujeto de esta nueva reglamentación, enfrentan el reto de informar al cliente de manera clara, oportuna y precisa, con anterioridad a la recolección del dato, el por qué y para qué se recoge el dato personal y los tratamientos a los cuales va a ser sometido. Frente a este reto, se responde actualmente con estructuras propias de lo que se ha denominado la privacidad por diseño por la que en aquellos eventos en los que se hace necesario ejecutar acciones de cumplimiento de la normatividad de habeas data, estos se ejecutan a la par con el desarrollo de los productos y servicios que se ponen a la orden del público en general.
Adicionalmente, la implementación de sistemas de big data e inteligencia artificial también supone retos que se relacionan con esta nueva normativa y que se relacionan con los esquemas de tratamiento de datos personales, la libertad en cuanto a conocimiento del cliente y el deslinde de esquemas de verificación clásicos y relacionados a las centrales de información, llevará a las entidades a formas innovadoras –más propias del mundo fintech– en las que el scoring se nutre de otras fuentes alternativas para dar resultados que responden a la rapidez de las transacciones propias de una economía digitalizada; en este sentido, la circular 027 estableció que “en el evento en que utilicen bases de datos externos, las entidades vigiladas deben realizar un análisis de riesgo asociado a dicha fuente, en el cual se evalúe la calidad de los datos, su confiabilidad y la pertinencia de la misma en la gestión del riesgo de LA/FT. Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestre la realización de dicho análisis de riesgo”.
No se trata pues de un manejo de riesgos clásico, más bien se trata de la implementación de esquemas de riesgo dinámico que encuentran modificaciones constantes, dado su relacionamiento directo con sistemas de información que avanzan al compás de la economía y del mercado y por esto la importancia de actualizar estos esquemas por lo menos en la periodicidad sugerida por la norma.
En el procesamiento de fuentes de información externas que permiten la toma de decisiones y que permiten la recolección de datos personales, hay un tema que es importante no olvidar: los sistemas de gestión de protección de datos personales están guiados por normas rectoras que no permiten que las decisiones que afecten derechos de las personas sean tomadas de forma automatizada, sin una revisión previa que permita delimitar el riesgo que viene dado por la calidad de los datos y que puede llevar a las empresas a tomar decisiones sesgadas o producir resultados discriminatorios o violatorios del derecho al habeas data.
Por último, una consideración no menos importante y referida a la importancia de la minimización en la cantidad de datos recolectados; con anterioridad a la expedición de la Circular 027, las normas imponían esquemas de formularios con indicación de los datos a recolectar, ahora, implementada la libertad de conformar los sistema preventivos con los datos que se requieran de acuerdo a la necesidad del proceso desarrollado, debemos tener en cuenta que las normas nacionales y las buenas prácticas internacionales, en materia de privacidad y protección de datos, indican que los datos a recolectar deben ser los mínimos posibles y tan solo los necesarios para llevar a cabo nuestros procesos, sin dejar de lado que dichos procesos deben ser correctamente documentados como parte del sistema de gestión y protección de datos personales y los riesgos que los acompañan debidamente identificados en nuestras matrices.
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Barreras legales de los emprendimientos ‘fintech’
Según los datos recogidos por Finnovista en la quinta edición del Fintech Radar, publicada en abril de este año, Colombia se posiciona como el tercer mercado fintech de la región. El informe destaca el crecimiento de las actividades del segmento de préstamos en línea tanto para personas naturales como para pymes, una necesidad que se reconoce como prioritaria en un país en el que el acceso al sistema financiero se ha convertido en un reto.
Sin embargo, emprender en el sector fintech, por sí mismo, también es un reto. Lo es desde el punto de vista legal, y este es un tema en el que el legislador, en algunos casos, ha acertado y en otros, al contrario, ha cerrado los caminos hasta el punto de que negocios exitosos en otras latitudes aquí son imposibles de llevar a cabo.
Colombia es un país con abundante normativa y un alto porcentaje de normas prohibitivas. En este sentido, podemos decir que emprender es posible, pero, muchas veces, no está al alcance del bolsillo del emprendedor cuando se trata de temas fintech. Las barreras se erigen de la siguiente forma:
1. Los límites de la actividad de captación de dineros del público
Para ser más claros, captar es recibir dinero masivamente sin que este constituya la contraprestación directa de un bien o servicio para administrar, intermediar o colocarlo en el mercado.
Esta es una norma que claramente permite un adecuado equilibrio y manejo de los sistemas financieros en el mundo, solo que, en Colombia, desafortunadamente, dependemos del estudio que se encuentra haciendo la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda para llegar a un concepto equilibrado de lo que debe entenderse por “captación masiva”, ya que tan solo desde el punto de vista penal el delito contiene siete verbos rectores y quedó abierto a “realizar cualquier otro acto para captar dinero del público”. Esta situación ha impedido la constitución de muchos negocios.
2. La prohibición de todos los negocios que impliquen lo que llamamos hoy en día préstamos peer to peer (P2P) y plataformas tecnológicas que faciliten este modelo.
Es importante decirlo y socializarlo: el hecho de que existan plataformas en línea que promueven este tipo de negocio no significa que los prestamos peer to peer sean legales en Colombia. De hecho, todo tipo de negocio que prometa abiertamente retorno de inversión que implique previa captación no es legal, a menos que se trate de una entidad vigilada.
A pesar de lo anterior, otros países le apuestan a educación financiera y a la autorresponsabilidad de sus ciudadanos en la consecución del crédito. En otras latitudes, los prestamos peer to peer no solo han demostrado ser una inversión aceptable, sino también han demostrado que los consumidores responden bien al producto, lo cual contribuye, al final de la cadena, a la inclusión financiera.
3. El ofrecimiento de retorno por inversión en proyectos de innovación a cambio de acciones o títulos de deuda debe ejecutarse a través de entidades vigiladas.
Este modelo de negocio tiene normas definidas en el Decreto 1357 del 2018, que reguló lo relativo a las entidades de financiación colaborativa, las cuales, a pesar de ser entidades autorizadas y vigiladas, no lograron su cometido de impulsar el emprendimiento y el problema fue, precisamente, la norma sobre captación masiva de dinero que no permite que el emprendedor reciba financiación por fuera de los límites impuestos por ella.
4. ‘Blockchain’.
Es importante recordar que, hasta el momento, no hemos avanzado legislativamente en el tema del blockchain ni en los criptoactivos. Las transacciones con este tipo de bien siguen considerándose un riesgo alto para el tema de lavado de activos por parte de la banca colombiana y se bloquean sin diferenciar qué tipo de actividades se están realizando.
Por su parte, los sistemas cerrados de pago que se crean con estas mismas criptomonedas en markeplaces y sitios en la web dedicados al intercambio de bienes y servicios son considerados como de alto riesgo de captación masiva y no son permitidos por la autoridad encargada de la vigilancia.
Como puede verse, la innovación es bienvenida por las autoridades colombianas, pero exige un nivel muy alto de “creatividad”, ya que son bastantes las barreras para quien quiere emprender o probar un modelo de negocio y aún no está dispuesto a invertir en una entidad vigilada, la cual tiene sus propios límites normativos.
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Big Data y Protección de Datos Personales
Nos corresponde hablar sobre el “Big Data” sus oportunidades y retos en la protección de datos personales en entornos empresariales, un tema cuyo análisis se hace necesario en el ámbito jurídico y actual, teniendo en cuenta la digitalización de la economía y la consecuente existencia de empresas de base 100% tecnológica o en fases avanzadas de transformación digital en las que los datos son el activo principal de la organización y la base sobre la cual se erigen los procesos operativos, financieros y jurídicos.
Para iniciar y dar claridad sobre el concepto central, tomaremos la definición dada por Todolí, cuya definición me parece útil en estos casos ya que desde la teoría permite apreciar la dimensión del concepto del Big Data sin dejar de lado todas las fases de su practicidad así como la variedad de componentes a tener en cuenta a la hora de suponer la figura como objeto de valoración, análisis y aplicación de las normas de protección de datos personales, es decir, a la hora de convertir este concepto en un objeto de estudio jurídico.
Para el autor, “El “big data” no solamente consiste en la acumulación de datos e informaciones, sino que hace referencia también al conjunto de herramientas y sistemas informáticos (algoritmos, machine learning) que analizan dichos datos, buscan patrones recurrentes y correlaciones, con objeto de poder realizar predicciones” (Todolí, 2018).
Como podemos ver, tenemos como eje central un sistema informático que recolecta datos y cuya función principal se concentra en el análisis de los mismos en orden o con la finalidad de producir una información producto de un patrón o correlación.
Así, partimos de la recolección como función técnica principal con sus componentes de clasificación y organización del insumo o dato y es aquí donde nos empezamos a encontrar con la normativa de protección de datos personales y sus definiciones básicas, al efecto, habrá tratamiento de datos personales en cualquier fase de lo que denominamos el ciclo RAUCS, es decir, en presencia de una recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de datos se determinará si lo recolectado corresponde o no a un dato personal; definido esto y determinada la naturaleza del dato como personal habremos llegado a la intersección objeto de estudio, el big data frente a la protección de los datos personales, todo análisis llevado a cabo sobre la masa de datos recolectada estará permeado por esta normatividad.
En ese escenario y en cualquier escenario de tratamiento de datos personales, bajo la normatividad nacional como bajo la normativa referente de Reglamento General de Protección de Datos Europeo, esta cimentado sobre el denominado principio de libertad según el cual “El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular”.
Y es precisamente la características exigidas del consentimiento por la norma lo que hace que las tecnologías de Big Data se conviertan en uno de los mayores retos que universalmente enfrenta la privacidad si se tiene en cuenta que de acuerdo con la definición dada a inicio, el sistema informático busca por sí solo y sin la intervención humana, patrones recurrentes y consecuenciales que lo llevan a través de la experiencia, a la realización de la predicción o predicciones, es decir a la producción de la información como activo principal de las empresas de base digital.
No se trata entonces, en los negocios digitales actuales, que se erigen como paradigmas de la innovación, de simples sistemas de información, como lo sabemos, los sistemas de big data evolucionaron para superar su función primaria de recolección masiva y hoy en día son reconocidos como sistemas completos de inteligencia artificial. Estos sistemas pueden partir de datos estructurados o no estructurados para la búsqueda de patrones y el hallazgo de predicciones o información, bajo técnicas tan simples o complejas como las exigencias de cada operación empresarial.
Bajo el estado de la técnica actual, ya en la mayoría de los casos conocemos la predicción, se nos entrega la información, pero no en la totalidad de casos conocemos los tratamientos a los que son sometidos los datos y aún bajo ambientes controlados, podemos afirmar, que en la utilización de la técnica en ambientes de prueba y desarrollo constante, propios de los esquemas empresariales actuales, desconocemos la totalidad de las finalidades para las cuales pueden ser utilizados los datos de ingreso y menos aún, la utilidad de la totalidad de la información provista por la predicción que hace el sistema, esto por que son variadas e infinitas las posibilidades de predicción deducibles de un conjunto de datos de la proporción manejada por un sistemas de big data.
De acuerdo a lo anterior, desde nuestro punto de vista el mayor reto que enfrentamos en este campo no es poner en marcha el deber de informar, como lo establecen las normas, sino hacer real la posibilidad de informar de manera completa la finalidad de la recolección del dato, los tratamientos a los que es sometido y además desplegar actividades propias de nuestro objeto social sobre la seguridad de que el consentimiento que nos esta siendo proporcionado por el titular de los datos es completamente consciente y libre. Este sería nuestro primer y más desafiante reto.
Pero el anterior no es el único reto que enfrentamos desde lo jurídico, hoy en día se puede decir sin lugar a duda que el dato, su tratamiento y la producción de información gobiernan los procesos de las empresas del mundo 4.0; ese dato es el que nos lleva a la precisión de las actividades en la oferta de bienes y servicios en el mercado, nos lleva a la interacción con quién necesitamos, en el momento en el que lo necesitamos y para lo que lo necesitamos; por lo tanto, en lenguaje coloquial, no es el clic en el contenido lo valioso, es propiciar el clic en el momento exacto para que los titulares de los datos encuentren en el contenido el producto que ellos desean, dentro de los productos creados por mi propia empresa a partir de la información previamente obtenida y puesta a disposición del consumidor de manera selectiva de acuerdo al conocimiento que obtengo del procesamiento de sus datos.
Desde este punto de vista el segundo reto a enfrentar en los sistemas de Big Data es el hecho de que hoy en día la compilación y procesamiento de los datos por parte del sistema, nos informa o indica la decisión a tomar, y ¿donde está el reto si el sistema me soluciona el problema de base?, la respuesta es que la información o predicción sugerida, siempre que produzca un efecto jurídico en su aplicación, debe mantenerse es este estado, es decir, debe mantenerse “sugerida”, hasta tanto sea evaluada, palabras más, palabras menos, hasta tanto sean aplicados los procesos que nos permitan la identificación de sesgos de programación, se trata del despliegue de mecanismos eficaces para impedir que a partir de dicho sesgo se tomen decisiones discriminatorias.
Pero, por qué considerarlo un reto?, la respuesta es más sencilla, vivimos en una economía digitalizada en la que la tecnología evoluciona exponencialmente reduciendo los costos de adquisición de la materia prima entendida, en este caso como el dato personal, por lo tanto, a menor costo de adquisición, mayor producción de información y mayor exposición al riesgo de falta de calidad de la información.
Por último, dentro de la categoría de los retos que enfrentamos a partir de la aplicación de las tecnologías de Big Data frente al tratamiento de los datos personales, tenemos el procesamiento de la data sensible, tema sencillo en un mundo sin inteligencia artificial, pero complejo en un entorno completamente automatizado en el que la inteligencia artificial no requiere como insumo el dato sensible por sí mismo, y no lo requiere por que está en capacidad de inferirlo, así que el reto en este campo se centra en los mecanismos que me permitan controlar la inferencia sin interferir así misma en la producción de información de calidad, y sobre todo, en como enfrentarla, administrarla e informar al titular sobre los tratamientos aplicados y finalidades dadas a sus datos.
Ahora, frente a los retos mencionados nacen las oportunidades, así, en primer lugar frente al reto de hacer real la posibilidad de informar de manera completa la finalidad de la recolección del dato y los tratamientos a los que es sometido, tenemos la tendencia de lo que se ha denominado la privacidad por diseño mediante la esquematización de los modelos de negocio propios de cada empresa, identificando en los procesos los momentos oportunos en los que la información debe ser provista al titular de los datos y aquellos en los que el consentimiento debe ser actualizado por el titular creando o construyendo procesos de interacción constante y continua que permiten afrontar, respetar y asumir la libertad del titular como un principio fundamental que forme parte del ADN de las empresas.
En segundo lugar, frente al reto de la identificación oportuna del sesgo y el despliegue de mecanismos eficaces para impedir que a partir de ese mismo sesgo se tomen decisiones discriminatorias, es importante que desde la tecnología y desde los procesos de producción y administrativos se implementen parámetros para la identificación del evento de decisión automatizada, la verificación y análisis del evento y la decisión, predicción o información, así como la implementación de auditoria multidisciplinar constante a los sistemas por normativas producto de la auto regulación de la empresa, lo cual necesariamente como consecuencia positiva, la calidad en la automatización, la calidad en la información y el valor agregado que percibe el cliente.
En este punto además, debe tenerse en cuenta que la identificación y medición constante de los riesgos de sesgo no debe operar por defecto sino por estructura de trabajo, evitar la concreción del sesgo tiene el alcance no menor de evitar el evento de discriminación y desde este punto de vista, la oportunidad de autorregulación se convierte en el punto de inflexión de la empresa actual, ya que representa el cumplimiento de su deber legal de protección de derechos fundamentales implicados en la operación, pero también se erige como la representación de la calidad, convirtiendo la privacidad en el eje central de la administración de datos actual.
Por último, la implementación de procesos de anonimización de forma inicial y previa a cualquier otro tipo de tratamiento, dentro de los alcances y deberes propios de la industria o actividad económica que desarrolla la empresa son una oportunidad para hacer realidad el deber de confidencialidad en el tratamiento de datos personales, pero también una oportunidad para afianzar los procesos de seguridad de la data que impidan la re identificación o reconstrucción de la data originalmente obtenida, en este aspecto lo que nos brinda la oportunidad de mejorar el modelo de negocio en las empresas es enfrentar el reto de minimizar la cantidad de datos personales recogidos y por su puesto, no olvidar el principio fundamental de libertad del individuo teniendo en cuenta que todo dato sometido a anonimización también debe tener autorizada su recolección y tratamiento de manera consciente y completa por parte del titular.
Como podemos ver cada reto viene acompañado de una oportunidad en la empresa, cada reto asumido tiene la ventaja de ser percibido como característica de calidad en una sociedad en la que el consumidor digital o cliente conoce el valor del dato que entrega y espera como retribución no solo el respecto a sus derechos fundamentales, sino el recibo de información de calidad e incluso la posibilidad que ya esta empezando a abrir camino en la discusión jurídica sobre el valoración y usufructo producto de la explotación del dato o por lo menos la obtención de un beneficio equivalente en términos de información de calidad.
Trabajos citados
Todolí, A. (2018). La gobernanza colectiva de la protección de datos en las relaciones laborales “big data”, creación de perfiles, decisiones empresariales automatizadas y los derechos colectivos Adrián Todolí Signes [1]. Revista de Derecho Social(84), 66-88.
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El ADN de las empresas en tiempos de crisis
Artículo publicado en La Nota Económica, Especial Tecnología e Innovación, sección los Líderes Opinan, edición de abril de 2020
Las empresas nacen con un propósito, el ideal de innovar, de hacer las cosas diferente, de aportar a la sociedad, ese el sueño de la mayoría de fundadores y emprendedores; escribo esta columna en medio de la crisis más profunda que ha enfrentado nuestra sociedad en los últimos años, la desaceleración económica y la caída de los mercados por causa del virus COVID 19 y desde mi área de trabajo, el derecho informático, puedo afirmar con vehemencia que la herramienta más poderosa para superar la crisis, así como todas las soluciones para sobrellevarla, desde todos los ámbitos sociales, es la tecnología.
Desde la infraestructura de telecomunicaciones, pasando por la conectividad, el hardware, el software, las infraestructuras de nube, las plataformas tecnológicas de contacto, las plataformas de comercio electrónico, la administración remota y automatizada de servicios, la automatización de las cadenas de producción y la entrega de productos a públicos masivos son protagonistas muy valiosos en la crisis, ya que están demostrando ser parte fundamental y estratégica al momento de la protección de la llamada y muy necesaria, seguridad alimentaria, ellos materializan la entrega del producto o servicio esencial al ciudadano, son en últimas, algunos de los que hacen real el abastecimiento y mejor aún, van más allá de lo necesario y agregan también lo cultural.
Como se puede ver, en estos tiempos ya no hablamos de la necesidad de transformación de las empresas, hablamos de experiencias exitosas o no de transformación digital y del surgimiento exitoso o no de emprendimientos de base 100% digital, que llevan lo tradicional al siguiente nivel; estamos diciendo sin más, que la tecnología se ha impuesto en todas las áreas del conocimiento y la empresa.
Y en medio de la pandemia ha sucedido algo todavía más positivo, el Gobierno Nacional a requerido la colaboración de estas empresas, reconociendo su importancia, reconociendo que empresa pública y privada deben actuar en conjunto y que, tal vez, esta empresa digital si puede colaborar con la prestación del servicio público, la provisión de bienes y servicios de primera necesidad, es bueno notar que es uno de los primeros actos reales y materialmente coherentes con el discurso de innovación y apoyo a la economía digital que ha venido sosteniendo el Gobierno.
Este país necesita de los emprendedores y de las empresas que han hecho la tarea a pesar de las dificultades que impone la propia normatividad y las políticas de estado, que en muchas ocasiones son obstáculo para sacar adelante proyectos y empresas; afortunadamente hemos visto el apoyo de estos empresarios, los cuales han demostrado de qué están hechos y lo mucho que pueden aportar.
El mundo como lo conocemos tal vez no vuelva a ser tal, pero la oportunidad sigue allí, a pesar de las bondades, también hemos identificado las falencias, aún las soluciones tecnológicas no son suficientes para atender la población de la tercera edad – que le cuesta inmensamente adaptarse a la conectividad-, a la población vulnerable, a la población desbancarizada y la que aún, en pleno siglo XXI y por innumerables y tristes razones, aun no esta conectada.
Como abogada del área de tecnología y como empresaria, soy testigo de las bondades de transformarse digitalmente y también de los fracasos que causa hoy en día no imprimir en nuestro ADN, la digitalización. Señor empresario si no está en la onda del cambio, si se quedó en la mitad del proceso, esta es la oportunidad para demostrar que su filosofía y valores empresariales también pueden ser puestos a disposición de esta sociedad y beneficiarnos a todos, desde su especial campo de trabajo.
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Por: Natalia Ospina, natalia.ospina@abogadotic.com
LAS OPINIONES COMPARTIDAS Y EXPRESADAS POR LOS PERIODISTAS Y CONTRIBUYENTES DE ESTE BLOG SON LIBRES E INDEPENDIENTES Y DE ELLAS SON RESPONSABLES SUS PROPIOS AUTORES. NO REFLEJAN NI COMPROMETEN LA RESPONSABILIDAD, LA OPINIÓN DE GRUPO D&P SAS, Y TAMPOCO CONSTITUYEN ASESORÍA O CONSULTORÍA LEGAL, POR LO CUAL NO PUEDEN SER INTERPRETADAS COMO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR GRUPO D&P SAS.
Si no fuera por la tecnología…
Mucho se ha hablado de la influencia de la tecnología en el desarrollo de las naciones y creo que, en este momento de la historia del país, cuando enfrentamos la pandemia y las consecuencias de la declaratoria del estado de emergencia, dicha influencia ha emergido con una fuerza irrefutable haciéndonos reflexionar sobre el tiempo perdido, pero también sobre las oportunidades que tenemos en el futuro cercano.
Mucho se ha discutido acerca de la falta de atención del legislativo en cuanto a la regulación que requieren los emprendimientos y la falta de gestión del Gobierno en todo lo que hace referencia a una economía digital, por que a decir verdad, además de crear un viceministerio de economía digital, el Gobierno no ha hecho la tarea de entender las virtudes de los nuevos modelos de negocio y la de aceptar sus beneficios, sin caer en la trampa de creer erróneamente en la posibilidad de que toda tecnología e innovación debe ser legislada, lo que ha llevado a levantar un muro que ha frenado la innovación y los nuevos negocios en todos los ámbitos de la economía nacional.
Pero la realidad de la crisis muestra lo que nuestros gobernantes no han querido ver, o que, si lo vieron, se concentraron en discusiones sin fin, en busca de intereses propios, que no permitieron el avance de lo que habría podido ser. Y a pesar de todo esto, llegó la hora de aceptarlo, por que ahora los testigos somos todos, no solo los que nos hemos dedicado profesionalmente a áreas relacionadas estrechamente con la tecnología. Los siguientes son apenas algunos de los beneficios que ha traído la tecnología, la ciencia y el emprendimiento y que han ayudado a sobrellevar la cuarentena con un impacto menor al que habría sido hace algunos años:
(i) Ingenieros usando impresoras 3D para crear tubos de ventiladores destinados a cuidados intensivos en el área de la salud (ii) Pasarelas de pago para encaminar ayudas y donaciones a población vulnerable (iii) Plataformas de comercio electrónico y de pedidos a domicilio para la distribución de alimentos (iv) Atención preferencial en las entidades publicas a la tercera edad sin necesidad de actos presenciales (v) Trabajadores en casa (vi) Transporte público funcionando solo para empleos que de verdad lo requieren (v) Un medio ambiente mejorando por disminución en la contaminación del aire (vi) Mejora en las telecomunicaciones y una prestación de servicios más equitativa que incluye planes básicos vitales para toda la población (vii) El congreso sesionando a distancia, sin gastos (viii) Estudiantes en clases virtuales (ix) Reuniones virtuales de copropietarios y de empresarios (x) Atención telefónica y en línea para la prestación de servicios al ciudadano; (xii) Presos con derecho a visitas familiares online (xiii) Drones al servicio de la seguridad y la protección de la salud de los policías, y la lista puede seguir.
Esto que describimos es lo que ha pasado y que con discusión o no sobre condiciones laborales, condiciones normativas de legalidad, condiciones burocráticas para funcionamiento, ha hecho que nuestro país no colapse, no se necesitaron leyes, pero desafortunadamente se necesitó una emergencia social para darnos cuenta de los beneficios que todo esto trae y para que nuestros gobernantes tuvieran que analizarlos como herramientas indispensables para el manejo y administración de sus labores.
Esperemos en unos meses poder mirar en retrospectiva y que cuando en octubre se empiece el estudio del presupuesto general de la nación para el año 2021, nuestros congresistas y Gobierno destinen el presupuesto a lo que de verdad nos dió aliento en tiempos de crisis, empezando por la educación y siguiendo con el apoyo a todos esos modelos de negocio que aportan a la producción nacional, llevan a la creación de empleos y a la mejora del medio ambiente.
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El futuro legal de las pasarelas de pago
Columna de opinión de Natalia Ospina para el periódico Ámbito Jurídico, del día 20 de enero de 2020
A propósito de la publicación para comentarios por parte de la URF (1), del proyecto de decreto “Por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los sistemas de pago de bajo valor”, nos parece importante resaltar en este texto, un actor de la cadena de pagos que ha tomado relevancia hoy en día, las pasarelas de pago.
Las pasarelas de pago son definidas por el Banco de la República (2) como el agente que inicia el proceso de pagos, “la empresa intermediaria entre el establecimiento de comercio y el pagador”… “quien entrega la respuesta de la validación de la operación“. Se erigen como agentes tecnológicos de gran relevancia, y con su infraestructura proveen servicios a adquirentes de la cadena de pagos.
Estas actividades o servicios que se mencionan anteriormente están ubicadas en los nuevos modelos de negocios conocidos como Fintech -Tecnología que facilita la prestación de servicios financieros- y son los que han potenciado el negocio de las pasarelas y ahora, les dan visibilidad en el mercado. Dichos servicios o actividades que desarrollan las pasarelas de pagos han sido enlistados y reconocidos correctamente por el Proyecto de Decreto como parte del ADN de estas empresas; las actividades se enmarcan en; (i) la vinculación de comercios electrónicos a los sistemas de pago de bajo valor; (ii) el suministro de tecnología a los comercios electrónicos para que estos puedan ofrecer al pagador herramientas que promuevan el uso de diferentes instrumentos de pago (Trajeas débito, crédito, QR, etc.).
Pero no se trata solo de que las pasarelas de pago como función principal y por medio de la tecnología entregan la información de pago a una red procesadora de pagos, de hecho, la misma Superintendencia Financiera mediante Circulares 007 y 008 de 2017 ha reconocido que no siendo entidades vigiladas por no hacer el procesamiento de pago, igual son intermediarios de suma importancia que cumplen una función que trae consigo responsabilidades propias del manejo de usuarios financieros, es decir, deben cumplir estándares para la protección de la seguridad informática de su red y transacciones y además, deben cuidar del cumplimiento de las normas de protección de datos personales y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Por otro lado, es relevante el hecho de que se consagren en el proyecto de decreto las definiciones de los dos tipos de pasarelas de pago existentes en el mercado: “Gateway” y “Agregadora”, esto quita el manto de duda legal que existía sobre la última categoría ya que de fondo su función es, por definición, en nombre del comercio electrónico y por mandato del mismo, recaudar los fondos resultantes de las transferencias a su favor, y esto de por sí, llevaba a dudas serias sobre la configuración o no de una modalidad de captación masiva de dinero. Con esto creemos que este tipo de pasarela queda más que legitimada y la discusión al respecto puede quedar zanjada.
Las pasarelas de pago el primer paso para una superapp
Como es bien sabido, los nuevos modelos de negocio “fintech” no se concentran en una sola función, ellos, como la tecnología, evolucionan de acuerdo con las necesidades del mercado y en este sentido podemos ver como, actualmente las pasarelas, en nuestra opinión podrían ser el principal candidato para convertirse en las “superapps” del futuro.
Y es que la naturaleza del negocio, así como el aprovechamiento de la información propio del negocio nos lleva a esta conclusión; las pasarelas son el ente que agrupa, conoce los comercios, tienen información sobre las actividades, pagos y ventas, por lo cual, no solo sirven para tramitar pagos, sirven de vitrina comercial y en este sentido puede agregar valor a la oferta de servicios de los comercios asociados.
Estamos diciendo que ese paso, de pasarela a comercio electrónico y de éste a superapp -del que ya se habla entre emprendedores- es el siguiente punto en la agenda normativa, y debemos estar atentos ya que la variedad de modelos de negocio que esto puede representar requerirá a su vez, estudio e incorporación en las normas legales. Es en este punto, donde estará la verdadera prueba para los reguladores y la banca, es aquí en donde se requiere que ellos sean aliados y no obstáculo y con sus decisiones no se afecte al usuario que incentiva el crecimiento del comercio electrónico.
(1) Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera -URF-
(2) Banco de la República. (s.f.). Concepto Q16-1712. Obtenido de http://www.banrep.gov.co/es/node/40991
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El abecé de los préstamos en línea
Publicación original El abecé de los préstamos en línea en Ámbito Jurídico
De acuerdo con los datos expuestos por Finovista en “Fintech Radar Colombia”[1] , la categoría de créditos en línea ha crecido, entre el 2017 y el 2019, en Colombia, un 64 %; el 20 % de las empresas clasificadas dentro del sector fintech pertenece a esta categoría, de este 20%, 12% corresponde a plataformas tecnológicas o aplicaciones mediante las cuales se otorgan créditos a personas naturales y 8 %, a plataformas o aplicaciones mediante las cuales se otorgan microcréditos al sector pyme.
La cifra llama la atención no solo por los beneficios sociales que trae la digitalización y la inclusión de una población desatendida por el sector financiero, sino porque la creación y surgimiento de empresas en este sector nos recuerda la normativa que regula la materia.
Y es que a pesar de que se pensaría que la reglamentación en este sentido es conocida, frente a los nuevos empresarios, frente a los consumidores o usuarios, e incluso frente a muchos colegas que asesoran la creación de este tipo de empresas, hemos encontrado que la realidad es otra, pocas personas conocen a fondo de qué les hablan desde el punto de vista legal. Por esta razón hemos decidido recapitular los puntos legales básicos sobre los cuales se estructura la normativa que regula las plataformas de préstamos en línea, así funcionen sobre páginas web o sobre aplicaciones.
¿Los préstamos en línea son negocios legales?
Muchas veces se ha confundido la prevención mediática de parte de las autoridades de vigilancia y control que hacen un llamado a evitar los gota a gota y las pirámides con este tipo de negocios y desafortunadamente han sido, incluso, acusados injustamente en las redes sociales de desarrollar un negocio ilegal.
Las aplicaciones y plataformas de préstamos en línea y el negocio jurídico que desarrollan, el cual es el préstamo de dinero de parte de una persona natural o jurídica a otra, son un negocio legal y autorizado por la normativa colombiana, está permitido por el artículo 45 de la ley 1480 del 2011 y está reglamentado por el Decreto 1702 del 2015.
En palabras de la misma Superintendencia Financiera de Colombia: “…el otorgamiento de crédito no es un negocio exclusivo de nuestras instituciones vigiladas y, en esa medida, puede ser desarrollado por personas distintas de aquellas, siempre y cuando se efectúe con recursos propios y su ejercicio no comprometa el manejo o aprovechamiento de los recursos del público”(Concepto SFC, Radicación No. 2019118465-008-000 del 7/10/19).
¿Quién los vigila?
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1074 del 2015, artículo 2.2.2.35.2, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad llamada a ejercer vigilancia y control sobre la actividad de préstamos llevada a cabo por personas naturales o jurídicas no sometidas a la vigilancia y control de otra autoridad.
A partir de esta premisa, la protección de los usuarios de este tipo de aplicaciones está llamada a ser ejercida por esta misma superintendencia y cualquier duda o inquietud al respecto de parte de los empresarios en el ejercicio de sus actividades puede ser resuelta por esta autoridad.
¿Qué tipos de crédito pueden otorgar estas plataformas de crédito en línea?
En la normativa bancaria existen varios tipos de crédito – Decreto 2555 del 2010-: i) crédito de consumo u ordinario; ii) crédito de consumo de bajo monto; iii) microcrédito y iv) crédito de vivienda.
Las entidades vigiladas que hacen parte del sector financiero y que se encuentran reguladas por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, siempre que cumplan con los requisitos normativos para cada servicio, pueden prestar cualquiera de los créditos enunciados; en cuanto al microcrédito, por disposición del artículo 39 de la Ley 590 del 2000, solo las empresas allí enunciadas podrán efectuar este tipo de crédito y beneficiar a sus consumidores con las ventajas establecidas en la ley, así como beneficiarse con la tasa de interés que se permite cobrar a este tipo de préstamos (Concepto SFC No. 2019118465-008-000).
De acuerdo con pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, las personas naturales o jurídicas que prestan dinero con sus propios recursos podrán hacerlo en la modalidad de préstamo de consumo de bajo monto, caso en el cual deben cumplir con la normativa que al respecto establece el Decreto 2555 del 2010 (Concepto SIC No. 300247 de 12/03/19); y ninguna norma hasta el momento prohíbe el otorgamiento de préstamos ordinarios, que consideramos estarían permitidos bajo la premisa del respeto de los límites de las tasas de interés.
¿Cuál es su tasa de interés permitida?
Esto se rige por las reglas civiles y comerciales aplicables a todos los contratos de mutuo, es decir, las partes pueden convenir la tasa de interés que les parezca conveniente, siempre que se mantengan dentro de los límites establecidos por el Banco de la República y certificados mes a mes por la Superintendencia Financiera de Colombia en lo que se refiere a interés bancario corriente e interés moratorio para créditos ordinarios o de consumo.
¿Las plataformas de crédito en línea pueden cobrar por rubros adicionales?
Sí lo pueden hacer; sin embargo, los conceptos por los que se establezcan cobros adicionales deben ser puestos a disposición de los consumidores atendiendo las normas de publicación de precios y teniendo en cuenta en qué casos el rubro se reputa parte de los intereses de la deuda y en qué casos esto no sucede, para evitar caer en usura.
Frente a esto, mediante Concepto No. 18-203498-00001-0000, la Superintendencia de Industria y Comercio recordó la aplicación a este caso del artículo 68 de la Ley 45 de 1990, señalando que “[p]ara todos los efectos legales se reputarán intereses las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. Así mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento” .
Por: Natalia Ospina – nataliaospina@abogadotic.co
[1] (https://www.finnovista.com/fintech_radar_colombia_2019/)
Big data y protección de datos personales
La llegada de la economía digital es una realidad, la economía que gira alrededor del dato y que se lucra de su procesamiento mediante la producción de información que permite a las empresas competir de forma eficiente en cualquier tipo de mercado.
En ese ecosistema, el big data, entendido como la técnica para la recolección, tratamiento, transformación y análisis de grandes volúmenes de datos, se ha consolidado en la última década como el bastión principal, la insignia de la transformación digital de las industrias.
Dicha transformación se ve apalancada con la automatización de los procesos, la digitalización de las actividades, los mercados en línea y el desarrollo de la red mundial de internet, los cuales han permitido la producción de información a partir de la recolección masiva de datos, masa que antes era imperceptible e impredecible, pero que hoy, gracias a las tecnologías que permiten el seguimiento y la captura de datos estructurados y no estructurados, es medible, y su utilidad se está empezando a dimensionar en las relaciones de comercio.
A la par del surgimiento y empoderamiento de una economía digital, están los derechos fundamentales y su protección en el mundo digital, un mundo en el que los jueces están empezando a visionar el impacto de la tecnología sobre el ejercicio y la protección de los derechos fundamentales.
Está claro que la protección de los derechos fundamentales debe estar garantizada, pero la forma en la que se ejercen los derechos y la forma en la que se materializa la protección son cuestiones que entran en la misma transformación que permea la sociedad entera y que se replica en la sociedad digital.
Ya no es un escenario -el mundo real-, ahora son dos -físico y virtual-, en los que el juez debe encontrar reglas de ponderación y debe valerse de la aplicación de los principios generales del derecho y los principios consagrados en las normas superiores, con más refuerzo para evitar el riesgo de la vulneración.
Tratamiento de datos personales bajo la utilización de técnicas de ‘big data’
La tecnología es imparable. Por el hecho de existir un sistema proteccionista o restrictivo no deja de avanzar la ciencia y las empresas no paran de interactuar en el mercado al compás de las soluciones tecnológicas que les permiten procesar información que facilita captar el cliente con más rapidez y de manera más pertinente.
Desde el punto de vista legal, la legislación colombiana pretendió dar protección al derecho del habeas data, mediante documentación de autorización expedida por el titular del dato. Todavía la ley colombiana enmarca las autorizaciones en el esquema de definición de finalidades de protección del dato y mención de los derechos del titular frente a la utilización del dato.
A pesar de que lo anterior se ha venido constituyendo en una práctica muy útil para brindar una protección mínima al derecho de habeas data de los individuos, con el advenimiento de técnicas de big data, la autorización sobre la cual se cimienta el sistema no solo empieza a perder valor, sino que empieza a convertirse en “un documento más de la burocracia organizacional” que no cumple con el deber real de la protección efectiva de un derecho fundamental, lo que nos obliga a repensar cómo se va a proteger este derecho fundamental.
El big data nos enfrenta a una realidad donde unos son los datos que se recogen, y otra es la información producto del procesamiento de todos los datos recopilados. La falla de las empresas en el mercado está en no informar de manera completa y transparente todos los tratamientos a los que se somete el dato y aún peor, no estar en la capacidad de garantizar la entrega o negarse a informar al titular, sobre los perfilamientos obtenidos a partir del análisis de la data.
Lo anterior, sumado a la posibilidad real y tangible que demuestra que algunas técnicas de inteligencia artificial que utilizan el procesamiento de la data estructurada o no, en ambientes controlados o no, para la producción de conocimiento y experiencia, muchas veces ni siquiera dan cuenta del tratamiento aplicado al procesamiento y se generan problemas de sesgo informático que deben ser resueltos después de que se verifica la materialización de la discriminación.
De esta manera, no puede olvidarse de parte del legislador la esencia constitucional del derecho al habeas data, según la cual todo individuo tiene derecho a conocer, rectificar y actualizar toda información que sobre él se encuentre en una base de datos pública o privada (C. P., art. 15), lo cual incluye el derecho a informarse sobre el procesamiento que surten sus datos, la información que se obtiene como resultado del procesamiento y los perfilamientos o clasificaciones a las que queda sometida la información. Este sería el estado ideal de protección, más allá de la simple autorización de recolección del dato con mención de las finalidades, como lo establece la ley colombiana.
Por: Natalia Ospina Díaz – nataliaospina@abogadotic.co
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