Con ocasión de nuestra participación en la primera Conferencia de Justicia y TIC en el país, organizada por la facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, quisimos recopilar aquí los elementos más relevantes para la innovación tecnológica en el sector judicial.
En primer lugar, hemos de saber que las Tecnologías de la Información y la Comunicación ya han comenzado a ser utilizadas ampliamente por los gobiernos a nivel mundial, para lograr la eficiencia y eficacia de los sistemas judiciales. En Colombia, aunque todavía es incipiente su implementación ya está contemplado su despliegue. Lo que se espera es que estas herramientas aporten significativamente en facilitar la administración de justicia y que cooperen en la descongestión de procesos que tiene el país en la actualidad.
Los beneficios y desafíos de las TIC en el sector judicial
Según Cristián Hernández, gerente de la consultora Holos en Chile, entre las ventajas que trae consigo la incorporación de TIC al sistema judicial está el almacenamiento y centralización de datos porque se facilita su análisis, favoreciendo la toma de decisiones en la persecución criminal, la resolución de conflictos y prevención del delito. También, los sistemas informáticos permiten la cuantificación de los actores judiciales, de las causas y los tiempos de trabajo de los mismos.
El experto explicó varios de los errores cometidos en estos procesos en otros países latinoamericanos, como el hecho de centrar las reformas en facilitar sobre todo los procesos de los abogados, y en solucionar solo las dificultades asociadas al financiamiento y la infraestructura; dejando de lado elementos importantes como el diseñar procesos de trabajo adecuados, y estructurar modelos de capacitación para los actores del sector de la justicia.
En este sentido, el experto chileno agregó: “el desarrollo de sistemas interoperables, donde los datos puedan ser cruzados y comparados y analizados, es una necesidad a la hora de generar un verdadero impacto en los procesos judiciales”.
Por otro lado, Erick Rincón, Gerente General de Legis Editores, tras abordar la normativa del país relacionada con la tecnología mencionó que un desafío importante es formar en la evidencia digital y en el manejo de la prueba técnica a los actores judiciales involucrados:
“Se necesita una capacitación de los actores en el valor probatorio de la información electrónica…no es raro encontrar a autoridades judiciales o incluso abogados que descartan el uso de los medios electrónicos por considerar que solamente que pueden llegar a tener validez y efectos jurídicos en soporte de papel”, aseguró Rincón.
Pero, ¿Qué planes o lineamientos existen para la implementación de tecnologías en la rama judicial?
Según José Agustín Suárez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en la actualidad existen los lineamientos del 1) Plan Sectorial de la Rama Judicial y 2) del Plan Nacional de Desarrollo, los cuáles describen a su vez los modelos de información y conocimiento para que la administración justicia se realice en condiciones de accesibilidad, celeridad, excelencia y transparencia.
Dentro del primero se encuentran 5 ejes: 1) el modelo de expediente electrónico. 2) El proyecto Justicia en red que prevé la conexión de los despachos judiciales de todo el país. 3) Gestión de la información: que busca una mejor interrelación con la ciudadanía en cuanto al intercambio de información. 4) Una gestión del cambio a través del capital humano preparado, para lograr mayor liderazgo y empoderamiento de los servidores judiciales. 5) La generalización y potenciación del uso de las TIC en la formación ciudadana en justicia y en la formación inicial de magistrados y jueces del país.
Al respecto, el Dr. José Agustín destaca los avances que se han venido dando desde el 2014 con el desarrollo y puesta en marcha de Justicia XXI, software que ya se encuentra funcionando en 3812 despachos judiciales del país y al que ya se han incorporado más de 70.000 expedientes. Así mismo, destacó el progreso en el desarrollo de un nuevo software para el manejo de la información estadística y en el sistema de registro nacional de abogados.
Respecto al Plan Nacional de Desarrollo, este da varias líneas de acción como son: lograr que 1) las TIC agilicen, dinamicen y simplifiquen los procesos judiciales y que refuercen los mecanismos judiciales. 2) lograr mayor interoperabilidad en los sistemas informáticos, 3) e implementar mecanismos para el acceso a la información pública y la protección de datos judiciales.
El presidente de la corporación destacó que ya se han elaborado lineamientos judiciales aplicados a proyectos TIC para que las actuaciones judiciales estén sometidas a normas especiales en razón a la protección de los datos personales.
Y, también aseguró que ya se han adquirido servidores espejo que se convertirán en repositorio para los servidores de consulta y, que ya se tiene listo un sistema informático y tablas de retención documental, que recientemente han sido autorizados en varias entidades del Estado, para el registro electrónico de abogados litigantes y auxiliares de la justicia, otro objetivo del plan de Desarrollo.
Por su parte, el actual presidente de Certicámara S.A. Héctor José García subrrayó que la mayoría de los procesos judiciales se adelantan en papel y podrían ser llevados a cabo a través de medios electrónicos.
El logro de la eficiencia en la justicia colombiana
Por su parte, la Dr. María del Rosario Córdoba expuso la cifras sobre eficiencia de la administración de justicia en el país que demuestran que la Rama Judicial tiene aún mucho por hacer, pues las dos primeras regiones con mayor eficiencia en la justicia en el país son Antioquia y Putumayo, y sin embargo han respondido a menos de un 50% de la demanda de justicia que tienen.
En este sentido la Dr. Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad también se refirió al puesto de Colombia en el ranking de competitividad mundial, dado a conocer Durante el Foro Económico Mundial, en el que el país ocupa el puesto 114 dentro 140 naciones; calificación que obedece a la débil calidad de nuestras instituciones y la baja confiabilidad que tienen los ciudadanos en ellas, lo que afecta negativamente al país a la hora de hacer negocios, según explicó.
Dijo también que es importante promover el acceso y uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y generar más confianza por parte del sector privado en ellos, de forma que coopere a la urgente necesidad de descongestión de procesos judiciales.
¿Cómo innovar con éxito?
Santiago García, coordinador del centro de innovación pública digital del Mintic, aseguró que las tic son indispensables a la hora de pensar en los nuevos retos a los cuales se enfrenta el país en materia de Justica pero no son suficientes sin el complemento de la innovación.
“En Colombia lastimosamente en muchas ocasiones los sistemas informáticos fallan y generan desconfianza en los usuarios, son poco sencillos, difíciles de utilizar y terminan generando más barreras que facilidades para los usuarios”, mencionó García.
Como parte de la innovación García propuso buscar que las soluciones planteadas para un problema tengan 3 características: que genere valor, que sean novedosas, que tenga un diseño centrado en el usuario que se haya implementado y llevado al mercado o de alguna forma esté comprobada una eficacia en su uso y recordó que no debemos tomarnos a la ligera la innovación.
Con todo lo anterior, se evidencia que es imprescindible que el país promueva en mayor medida la creación de iniciativas por parte del sector empresarial que generen valor agregado a los procesos de la administración de justicia, llegando a soluciones eficaces para los retos y dificultades que se presentan hoy en día en este campo, conjugando la protección de datos personales con su utilización de manera abierta por parte de la ciudadanía.
*Entre los instrumentos jurídicos más importantes que han venido permitiendo el ingreso de las TIC en los procesos judiciales colombianos está la ley 527 de 1999, y otras leyes como: la ley estatutaria 270 de 1996, la ley 794 2003, la 1437 de 2012 y la ley 1564 de 2012 que aunque no reglamentan exclusivamente el tema tecnológico sí lo incluyen.
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Por: Andrea Ospina Díaz, Comunicadora Social y Periodista.
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Foto: Matize.es