El salto necesario: de la Rama Judicial a la administración pública
Los criterios de IA para la administración pública empiezan a ganar relevancia ahora que la Rama Judicial colombiana ha consolidado un marco robusto sobre el uso responsable de la Inteligencia Artificial. En apenas dos sentencias y un Acuerdo, las altas cortes han trazado principios claros que orientan el empleo de IA por parte de jueces y operadores jurídicos, siempre bajo el postulado de la no sustitución de la racionalidad humana. Este enfoque reconoce a la IA como herramienta de apoyo, sin capacidad —ni legitimidad— para reemplazar el juicio humano en decisiones que afectan derechos fundamentales.
Durante 2024 y 2025, tres documentos resultaron decisivos: la Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional, la Sentencia STCI17832-2025 de la Corte Suprema de Justicia y el Acuerdo PCSJA24-12243/2024 del Consejo Superior de la Judicatura. Estos instrumentos consolidaron principios transversales: transparencia, verificabilidad, responsabilidad y prevención de riesgos en la elaboración de decisiones judiciales. Dichas reglas buscan blindar el debido proceso frente al uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en la práctica judicial.
Un estándar judicial que ya permite corregir errores de la IA
Las altas cortes han reconocido expresamente la posibilidad de anular decisiones judiciales basadas en información errónea generada por sistemas de IA, incluidas las llamadas “alucinaciones”. La Sentencia STCI17832-2025 abrió esta puerta al advertir que la delegación irreflexiva en sistemas automatizados puede producir fallos viciados. Este precedente marca un hito: la tecnología puede asistir, pero jamás reemplazar la motivación humana que exige una decisión judicial válida.
El reto inaplazable: trasladar este estándar al Estado administrativo
Tras esta primera fase en la Rama Judicial, el desafío es claro: llevar los mismos estándares éticos y operativos al ámbito administrativo. Las entidades públicas también están sometidas al respeto del debido proceso administrativo, lo que exige decisiones humanas, razonables, explicables y verificables. La IA puede asistir al servidor público, pero no decidir por él. La máquina no libera al Estado de su obligación de evaluar, interpretar y justificar cada actuación.
En consecuencia, ningún funcionario puede delegar en un algoritmo decisiones que impacten derechos ciudadanos. Estas decisiones no pueden ser automáticas, ni basarse en información falsa, sesgada o inexplicable. Esto es especialmente crítico en áreas como subsidios, seguridad social, sanciones, multas o programas dirigidos a población vulnerable, donde un sesgo algorítmico puede amplificar desigualdades.
Responsabilidad y transparencia: pilares para el uso administrativo de la IA
El principio de responsabilidad definido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-323 de 2024 resulta crucial. Cada servidor público debe conocer el sistema que usa, la fuente de los datos, su idoneidad y su impacto. El uso de IA no reduce su deber de diligencia; lo eleva.
Frente a esta realidad, las entidades públicas necesitan políticas institucionales claras sobre IA. No basta con seguir orientaciones generales como las emitidas por la Procuraduría sobre transparencia algorítmica. Se requieren lineamientos operativos y éticos que incorporen los criterios judiciales mientras el Estado avanza en la implementación del COMPES correspondiente.
Una administración pública preparada para la era de la IA
La velocidad del avance tecnológico exige respuestas inmediatas. La administración pública no puede rezagarse si quiere garantizar decisiones justas, verificables y respetuosas del debido proceso en un entorno donde la Inteligencia Artificial ya no es futurista, sino cotidiana.
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Por: NATALIA OSPINA, [email protected]
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