Con el auge de los comercios electrónicos en territorio colombiano se ha hecho más común el uso de estrategias de ventas que le permitan a los emprendedores el ofrecimiento de una amplia gama de productos a los consumidores con una notable facilidad logística. Una de estas modalidades ha sido denominada “Dropshipping” y consiste en un sistema de triangulación de envíos en el que participan tres actores: 1. El productor, que se encuentra a cargo del inventario y envía el producto a la dirección indicada por el emprendedor[1], 2. El emprendedor que actúa en calidad de intermediario y despliega todas la actividades necesarias para la comercialización de los productos a través de sus plataformas[2] y 3. El Consumidor quien adquiere su producto con el objetivo de satisfacer sus necesidades[3].
Dropshipping en el estatuto del consumidor
Así mismo, estos actores se encuentran definidos expresamente por el Estatuto del Consumidor colombiano, norma que trae consigo una serie de deberes a cargo de productores y emprendedores entre los que destacan: a. Anunciar los productos con objetividad y veracidad[4], b. responder por la garantía de los productos ofrecidos y c. Velar por la calidad, idoneidad y seguridad de los productos[5].
Aquí es donde se empieza a observar el primer asunto de relevancia jurídica de un esquema de dropshipping para los emprendedores pues la norma acoge la figura de la responsabilidad solidaria frente a los deberes anteriormente mencionados, es decir, que en el evento que uno de los actores no salvaguarde los derechos del consumidor el otro deberá asumir tal responsabilidad.
Aplicación del dropshiping en el negocio
Esto en la práctica implica que el emprendedor deberá asumir toda esta carga y garantizar que los derechos del consumidor sean protegidos conforme a los términos legales pues los productores suelen encontrarse fuera del territorio colombiano y en la mayoría de los casos informan que no se hacen responsables por garantías, reembolsos, daños ocasionados por el transporte, entre otros. Sin perjuicio de lo anterior, el impacto de este punto puede ser mitigado si el emprendedor realiza una investigación adecuada sobre el producto a ofrecer, las condiciones de envío, calidad, entre otros.
Otro de los asuntos que ostenta una gran relevancia jurídica en las operaciones de dropshipping radica en que muchos emprendedores deciden realizar el ofrecimiento de los productos replicando las mismas condiciones en las que los ofrece el productor, es decir, desprovistos de garantías, reembolsos y exentos de toda responsabilidad, lo que resulta una muy mala práctica que va en contra de los deberes anteriormente mencionados y causaría la imposición de sanciones que van desde multas hasta por dos mil salarios mínimos mensuales legales vigentes hasta el cierre definitivo de la plataforma[6].
Aspectos vitales a tener en cuenta en el dropshiping
En este punto resulta pertinente resaltar que el desconocimiento de los derechos de los consumidores no solo genera un impacto legal, también afecta el buen nombre y la reputación del emprendedor dado que un consumidor al que no se le reconoce su derecho a tener un reembolso cuando el producto presenta condiciones inferiores, se trata de un producto defectuoso o no obtiene respuesta alguna frente a sus dudas le deja una mala experiencia que lo hará abstenerse de entablar nuevamente una relación comercial con el emprendedor.
En conclusión, el dropshipping puede ser una forma rentable y efectiva de hacer negocios en línea siempre que se garantice que los usuarios pueden ejercer sus derechos como consumidores, se evalúe cuidadosamente el panorama jurídico aplicable a su operación y se cuente con un sólido documento de términos y condiciones apegado a los lineamientos de la ley 1480 de 2011 cuyo entendimiento sea amigable para los usuarios.
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Por: Jhohan Sanabria, [email protected]
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[1] Numeral 9, Artículo 5 ley 1480 de 2011
[2] Numeral 11, Artículo 5 ley 1480 de 2011
[3] Numeral 3, Artículo 5 ley 1480 de 2011
[4] Artículo 30 Ley 1480 de 2011
[5] Articulo 6 Ley 1480 de 2011
[6] Artículo 61 Ley 1480 de 2011