domingo, 27 de diciembre de 2015
El concepto de innovación disruptiva no ha llegado al plano legal. Pero, ha de entenderse que en materia tecnológica la evolución es considerada natural a la labor, mientras que en el área del derecho, los cambios son lentos y dependen de un legislador con buen entendimiento de la situación actual. El problema se centra en que las circunstancias, actualizaciones e innovaciones que tienen lugar en el mundo de hoy inician, terminan y mutan más rápido de lo que dura en tramitarse un proyecto de ley o en producirse un pronunciamiento judicial.
Desde ese punto de vista, la innovación legal debe darse en la democracia, desde el poder legislativo, pero acomodarse a la actualidad de manera flexible, mediante sistemas adaptables sujetos a principios generales y universales, entendidos y aplicados por los organismos internacionales de los cuales hacemos parte.
La innovación en el derecho no se trata, como equivocadamente se piensa, de la instalación de un software en nuestras oficinas que haga más amable y expedita nuestra labor, o de la implementación de juzgados, tribunales y trámites judiciales online, no. Estas son herramientas tecnológicas que sirven al ejercicio de la profesión, pero no representan la innovación de la que se habla en modelos disruptivos de hoy en día.
«Los modelos disruptivos, aplicados al derecho, se deben concentrar en la adaptación de la labor legislativa propiamente dicha y la adaptación de los procesos administrativos y judiciales…»
Los modelos disruptivos, aplicados al derecho, requieren un análisis profundo de los sistemas legislativos en todos los países, especialmente porque se deben concentrar en la adaptación de la labor legislativa propiamente dicha y la adaptación de los procesos administrativos y judiciales, mas no, en la regulación de temas independientes.
Una propuesta de innovación en sistemas legales debe considerar los siguientes aspectos: en primer lugar, ha de tomarse en cuenta la tecnología como eje transversal de todo sistema de gobierno. Es el entendimiento de esta transversalidad lo que nos hace llegar a la comprensión correcta de la tecnología como herramienta y no como fin.
«Ha de tomarse en cuenta la tecnología como eje transversal de todo sistema de gobierno…»
En segundo lugar, ha de evaluarse el despliegue de las herramientas para el cumplimiento de los objetivos trazados en la labor jurídica y judicial y, por último, han de reevaluarse los sistemas normativos implantados para que la propuesta sea adecuada y oportuna a las necesidades de la ciudadanía y del propio estado.
Para lo anterior, herramientas propias del ‘open government’ como la interoperabilidad y los datos abiertos, el planteamiento de iniciativas para políticas unificadas de tecnología e innovación, son iniciativas convenientes y eficaces, sin dejar de lado que las mismas deben venir acompañadas del estudio de “la practicidad en el derecho”, es decir, el saber hacer conforme a la velocidad del mundo empresarial actual.
«Es importante considerar las herramientas propias del ‘open government’; como la interoperabilidad y los datos abiertos para la innovación en sistemas legales.»
Hay que resaltar, que la falta de estudio en este campo trae consecuencias nefastas en la democracia y en las propias decisiones del gobierno, este último, con buena fe trata de entender las nuevas estructuras pero peca al tratar de dar solución a situaciones sociales que precisan de una mirada más profunda y soluciones más prácticas.
Ya habíamos hablado en términos generales en otro artículo, sobre la brecha que creo el mundo digital entre la justicia y el derecho, pero ahora, con más ejemplos al finalizar el año, como la reivindicación de la normatividad respecto a la factura electrónica, el proyecto de documento conpes para la estructuración de una política nacional en ciencia, tecnología e innovación, la dificultad con la que se manejó un tema tan simple como el de una plataforma tecnológica para el transporte y la fuerza que van tomando plataformas de e-commerce y trabajo 3.0., el estado tiene una necesidad imperiosa de repensar las estructuras tradicionales, encontrando respuestas que den solución a los largos trámites administrativos y judiciales, dándole agilidad a la evolución y desarrollo del país.
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