martes, 15 de septiembre de 2015
Últimamente, me pregunto si en Colombia estamos presenciando la desaparición del abogado litigante en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y estamos reemplazando del todo esta última figura con la del abogado asesor o consultor.
La pregunta surge después de tener claro que el avance de la tecnología superó las normas que intentaron regularla. Las normas estatales existentes luchan ante la imposibilidad de regular las relaciones interempresariales, empresariales – gubernamentales y empresariales – con el ciudadano, a la par que la tecnología se abre camino en la sociedad.
No se trata en esta ocasión de hacer una crítica al sistema legislativo o al judicial, sino de exponer la realidad de nuestro país que ha generado cambios en las interacciones empresariales, hoy en día los abogados establecen alertas que permiten tomar decisiones durante el proceso comercial y blindan la eficiencia de la contratación junto a los empresarios.
«Ya los abogados no hablamos de porcentajes sobre los procesos culminados o ganados en la jurisdicción, (…) ahora hablamos sobre la productividad de nuestro trabajo en los procesos comerciales de las empresas».
La contribución al éxito de los procesos comerciales desplegados por empresarios e inversores viene acompañada por el abogado que obra como asesor estratégico y ya no como litigante, debido a que las empresas ya no están dispuestas a sufragar los altos costos que genera en tiempo y en dinero recurrir a las instancias judiciales frente a decisiones “equivocadas” de la administración.
Se trata de la era de la prevención jurídica en materia comercial: ante la falta de respuesta dinámica de la rama judicial frente a una posible violación de derechos, la ilegalidad o injusticia en procesos de contratación pública y ante la realidad de una administración que toma decisiones decepcionantes en audiencias de adjudicación, surge un rechazo del empresario por el despliegue de recursos legales y a su vez, la preferencia por una asesoría previa que limite a toda costa la concreción de riesgos durante y después de la contratación.
A partir de mi propia experiencia como abogada, he visto tomar fuerza al perfil del asesor o consultor jurídico en el área TIC ante la inexistencia de mecanismos jurídicos prácticos que den fuerza a los derechos de empresarios y que faciliten la decisión sobre el actuar correcto o incorrecto de la administración en la toma de decisiones alrededor de procesos de contratación pública, o trámites surgidos de legislaciones reglamentarias propias de cada Ministerio o Entidad.
«Como abogada he visto tomar fuerza al perfil del asesor jurídico en el área TIC ante la inexistencia de mecanismos jurídicos prácticos que den fuerza a los derechos de empresarios».
Así, el abogado TIC logró sobreponerse a la realidad para convertirse en la instancia consultiva para la evaluación, estructuración y desarrollo de planes de negocio, para convertirse en el aliado permanente del PMP a cargo de la ejecución de un proyecto TIC, en el colaborador para la estandarización de procesos de contratación de proveedores, en el administrador contractual y el puente de comunicación con la administración pública, ya que es él quién conoce y entiende el lenguaje práctico de la tecnología y traduce esto a un lenguaje legal dominado por la administración.
Ya los abogados no hablamos de porcentajes sobre los procesos culminados o ganados en la jurisdicción, ahora hablamos sobre la productividad de nuestro trabajo lo que permite la fluidez de los procesos comerciales de nuestros clientes.
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